La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la medida de prisión preventiva que pesaba sobre el exdiputado Joaquín Lavín León, quien se encontraba recluido en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber desde el 8 de mayo. El tribunal de alzada, mediante una decisión adoptada por dos votos contra uno, sustituyó la cautelar por arresto domiciliario total, arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con otros imputados. Esta resolución revierte lo dictaminado apenas tres días antes por el Séptimo Juzgado de Garantía, que había mantenido la privación de libertad del exparlamentario. El fundamento principal del tribunal para este cambio fue el transcurso del tiempo desde el inicio de la medida cautelar, argumentando que una medida de menor intensidad no compromete los objetivos del procedimiento. La Corte enfatizó que esta decisión no cuestiona los presupuestos materiales de la investigación, es decir, la existencia de los delitos de fraude al fisco, cohecho, falsificación y tráfico de influencias, ni la participación atribuida al imputado. La Fiscalía mantiene su postura sobre la gravedad de los ilícitos, los cuales habrían ocurrido entre 2015 y 2022 durante su gestión legislativa. La defensa del exdiputado, encabezada por el abogado Cristóbal Bonacic, valoró la resolución al considerar que no existían razones de fondo para mantener la medida más gravosa. Por su parte, los querellantes expresaron tranquilidad al notar que el tribunal no desestimó los antecedentes de la carpeta investigativa. Se espera que el exparlamentario abandone el recinto penitenciario durante la jornada para trasladarse a su domicilio en Peñaflor, donde cumplirá el arresto domiciliario total.

Análisis político

La estrategia de la defensa se ha centrado en desvincular la necesidad de cautela de la gravedad de los delitos imputados, utilizando el factor tiempo como un argumento técnico para erosionar la prisión preventiva. Esta táctica busca normalizar la situación procesal del imputado mientras avanza la investigación, evitando que la permanencia en la cárcel se convierta en una condena anticipada ante la opinión pública. Por otro lado, la Fiscalía y los querellantes logran mantener la validez de los cargos, asegurando que el cambio de medida no implica una absolución ni una debilidad en la carga probatoria presentada. En este escenario, el principal beneficiado es el imputado, quien logra salir de un entorno carcelario de alta exposición, mientras que el sistema judicial enfrenta el desafío de equilibrar la presunción de inocencia con la percepción ciudadana sobre la corrupción política. La narrativa de la defensa se construye sobre la proporcionalidad de las medidas cautelares, mientras que la narrativa de la parte acusadora se enfoca en la solidez de los hechos investigados, evitando que la revocación de la prisión sea interpretada como un debilitamiento del caso contra el exparlamentario.

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la solicitud de la defensa de Joaquín Lavín León para modificar su medida cautelar, ratificando que el exparlamentario debe permanecer en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber. La jueza Michelle Ibacache fundamentó la decisión en que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad y la fe pública. Lavín León se encuentra privado de libertad desde el 8 de mayo, enfrentando cargos por fraude al Fisco, tráfico de influencias, falsificación de documentos y delitos electorales. La Fiscalía de Alta Complejidad Oriente se opuso firmemente al cambio de medida, argumentando que existen antecedentes de obstrucción directa a la investigación. Según el Ministerio Público, el imputado habría intentado manipular declaraciones de testigos y ocultar información relevante para los peritajes sobre el uso de la plataforma SocialTazk. Los querellantes respaldaron esta postura, enfatizando que el perjuicio fiscal estimado asciende a 240 millones de pesos y que la gravedad de los hechos exige mantener la cautelar más gravosa. La defensa, encabezada por el abogado Cristóbal Bonacic, cuestionó la necesidad de la prisión preventiva alegando que el exlegislador ya no ejerce cargos públicos y que no existe riesgo de reiteración. Tras el fallo, el equipo legal anunció que apelará la resolución ante la Corte, buscando revertir la decisión del tribunal. En la misma audiencia, se ordenó el traslado de Arnaldo Domínguez, exasesor de Lavín, al mismo recinto penitenciario por razones de igualdad de trato y salud.

Análisis político

La estrategia de la defensa se centra en desvincular al imputado de su rol público para minimizar el riesgo de reiteración, buscando humanizar su situación mediante la comparación con otros casos judiciales previos. Por su parte, la Fiscalía utiliza la narrativa de la protección a la fe pública y la integridad de la investigación para contrarrestar los argumentos de proporcionalidad, posicionando el caso como un símbolo de la lucha contra la corrupción institucional. El Ministerio Público y los querellantes ganan terreno al lograr que el tribunal valide la gravedad de los delitos económicos y la obstrucción a la justicia, reforzando la confianza ciudadana en la persecución de delitos de cuello y corbata. En contraparte, el entorno político del exparlamentario pierde capital político al mantenerse el foco mediático en las irregularidades de su gestión, mientras la defensa intenta evitar un desgaste mayor mediante la apelación, aunque con pocas expectativas de éxito inmediato ante la contundencia de los antecedentes expuestos.