La Superintendencia de Sociedades ordenó la apertura del proceso de liquidación judicial de Franquicias y Concesiones S. A. S., empresa operadora de la marca Presto. Esta decisión se tomó tras la solicitud directa de la compañía, que admitió la imposibilidad de continuar como negocio en marcha debido a una severa disminución en su flujo de caja y retrasos en gastos administrativos. El proceso pone fin al acuerdo de reorganización empresarial que había sido confirmado apenas en abril de 2026 para reestructurar pasivos por 31.000 millones de pesos. La liquidadora designada, Mónica Alexandra Macías Sánchez, confirmó que los restaurantes seguirán operando con normalidad hasta nueva orden. El objetivo principal de esta medida es preservar la unidad productiva y el valor de la marca mientras se busca un comprador interesado en adquirir la empresa. Mantener los puntos de venta abiertos se considera la estrategia más viable para proteger los intereses de los acreedores y evitar el cierre definitivo de una cadena con 45 años de historia. El marco legal del proceso incluye el embargo y secuestro de los bienes de la sociedad, además del cese de funciones de sus administradores actuales. Los acreedores cuentan con un plazo de 20 días para presentar sus reclamaciones ante la liquidadora, un trámite que puede realizarse de forma directa sin necesidad de intermediación legal. El futuro de los 180 puntos de venta y los 694 empleos directos depende ahora de la capacidad de la liquidadora para concretar una venta que garantice la continuidad operativa.

Análisis político

La estrategia observada se centra en la gestión de crisis mediante la figura del 'caballero blanco', donde la liquidadora prioriza la continuidad operativa para evitar la desvalorización de los activos. Al mantener los restaurantes abiertos, la empresa intenta mitigar el impacto social y económico, transformando una liquidación judicial en una oportunidad de venta de unidad productiva, lo cual busca evitar el estigma de la quiebra total ante los consumidores y empleados. En este escenario, los acreedores y trabajadores son los principales afectados, pues enfrentan la incertidumbre sobre el pago de pasivos y la estabilidad laboral. La narrativa construida por la liquidadora enfatiza la protección del valor de la marca como un bien común para todos los interesados, mientras que la empresa intenta desvincularse de la responsabilidad del fracaso financiero señalando factores macroeconómicos adversos. Gana quien logre capitalizar la marca en una venta rápida, mientras que la reputación histórica de la cadena pierde valor ante la incapacidad de sostener su modelo de negocio frente a la competencia moderna.