Invima emite alerta sanitaria por falsificación de Buscapina Compositum NF en Colombia
Resumen
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió la alerta sanitaria 329-2026 tras confirmar la circulación de Buscapina Compositum NF falsificada, identificada con el lote F0537A. La irregularidad fue notificada por Opella Healthcare Colombia S. A. S., titular del registro sanitario, al detectar que las unidades fraudulentas presentan fechas de fabricación y vencimiento alteradas. Mientras el lote original expiró en julio de 2021, las cajas falsas exhiben fechas de fabricación de julio de 2023 y vencimiento en julio de 2026.
La entidad sanitaria advirtió que el producto no es apto para el consumo humano debido a que se desconoce su composición real, condiciones de fabricación y almacenamiento. Los riesgos asociados incluyen la falta de efecto terapéutico, lo que podría agravar enfermedades subyacentes, así como reacciones adversas graves que van desde náuseas y mareos hasta convulsiones, taquicardia y posibles daños hepáticos o renales. El Invima enfatizó que estas unidades presentan diferencias visuales en el diseño, tipografía y colores del empaque respecto al producto original.
Las autoridades ordenaron la suspensión inmediata del uso de este medicamento si coincide con las características descritas y solicitaron a la ciudadanía reportar cualquier punto de venta sospechoso. Se instó a los establecimientos farmacéuticos a abstenerse de distribuir el producto y a las secretarías de salud territoriales a intensificar las labores de inspección. Los consumidores deben verificar siempre los registros sanitarios y adquirir medicamentos únicamente en establecimientos autorizados para evitar riesgos a la salud.
Análisis Político
La estrategia del Invima se centra en la vigilancia proactiva y la pedagogía ciudadana para mitigar riesgos de salud pública, delegando parte de la responsabilidad de control en la vigilancia comunitaria y el reporte de canales ilegales. Esta acción busca fortalecer la confianza institucional mediante la transparencia en la identificación de productos fraudulentos, posicionando a la entidad como el garante de la seguridad farmacológica frente a las redes de falsificación.
En este escenario, el Estado y el titular del registro sanitario ganan legitimidad al actuar preventivamente, mientras que los actores que pierden son los distribuidores ilegales y los consumidores, quienes quedan expuestos a riesgos sanitarios. La narrativa oficial se construye desde la protección del derecho a la salud, contrastando la legalidad del registro sanitario vigente con la opacidad y el peligro que representan los productos adulterados en el mercado informal.
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