El Presidente José Antonio Kast descartó categóricamente la existencia de patrullajes conjuntos entre Chile y Argentina en el Estrecho de Magallanes. Esta declaración surge como respuesta a los dichos del ministro de Defensa argentino, Carlos Presti, quien había sugerido la realización de ejercicios combinados en dicha zona y en el Paso de Drake. El mandatario chileno enfatizó que la soberanía sobre el estrecho es indiscutible y está respaldada por tratados internacionales vigentes. El Ministerio de Defensa de Chile reforzó esta postura mediante un comunicado oficial, aclarando que las aguas jurisdiccionales son custodiadas exclusivamente por la Armada de Chile. La cartera precisó que, si bien existe cooperación con el país vecino, esta se limita a instancias como la Patrulla Antártica Naval Combinada y el Ejercicio Viekarén, los cuales no operan en el Estrecho de Magallanes. Estas aclaraciones buscan disipar las dudas generadas por declaraciones previas de autoridades militares argentinas sobre la soberanía en el área. La controversia se suma a tensiones diplomáticas anteriores, incluyendo comentarios de un alto oficial de la Fuerza Aérea argentina que cuestionaron la soberanía chilena en la zona austral. A pesar de que los gobiernos de ambos países ratificaron previamente el respeto a los tratados de 1881 y 1984, las recientes afirmaciones del ministro Presti obligaron al Ejecutivo chileno a reiterar su posición. El gobierno chileno mantiene que la navegación en el estrecho requiere obligatoriamente de pilotos nacionales, reafirmando el control soberano sobre el paso marítimo.

Análisis político

La estrategia política del gobierno chileno se centra en la defensa de la soberanía territorial mediante la reafirmación de tratados internacionales, buscando cerrar rápidamente focos de conflicto que podrían escalar en la opinión pública. Al desmentir las declaraciones argentinas, el Ejecutivo busca proyectar una imagen de firmeza y control, evitando que la ambigüedad diplomática sea interpretada como una debilidad ante las pretensiones del país vecino. En este escenario, el gobierno de Chile gana al consolidar su narrativa de soberanía indiscutible, mientras que la administración argentina pierde credibilidad al emitir declaraciones contradictorias entre sus autoridades militares y los acuerdos bilaterales suscritos por sus mandatarios. La construcción de narrativas es divergente: mientras Chile apela al derecho internacional y a la soberanía técnica, ciertos sectores argentinos utilizan una retórica de presencia bioceánica que tensiona la relación bilateral y obliga a una constante rectificación diplomática.