El presidente Abelardo De la Espriella denunció graves irregularidades contractuales en la regional Córdoba del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), tras una visita de verificación que reveló hallazgos por 1.698 millones de pesos. Las anomalías incluyen pliegos direccionados, ausencia de estudios de mercado, fraccionamiento de contratos y pagos por servicios no prestados. El mandatario señaló específicamente fallas en la entrega de refrigerios en mal estado y medicamentos próximos a vencer, mientras la dotación de equipos tecnológicos para los aprendices permanece estancada. El director general del SENA, fray Ricardo Torres, confirmó que las revisiones se extendieron a otras sedes como Tolú, Sincelejo y Sucre, donde se identificaron problemas de infraestructura, como grietas en laboratorios y retrasos en obras de ampliación. Torres anunció que los hallazgos serán trasladados a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para determinar responsabilidades penales, fiscales y disciplinarias. El funcionario destacó la necesidad de fortalecer los controles de supervisión y planeación para proteger el patrimonio público de la entidad. El Gobierno nacional anunció que la auditoría se ampliará a todas las regionales y centros del SENA en el país para revisar la ejecución financiera y la contratación de instructores. De la Espriella advirtió que los datos revelados son solo un informe preliminar y que el documento definitivo, que incluirá análisis sobre infraestructura y posibles nexos políticos, se publicará en los próximos días. Esta intervención busca depurar la entidad y asegurar que los recursos se destinen efectivamente a la formación técnica y tecnológica de los estudiantes.

Análisis político

La estrategia del presidente De la Espriella se centra en la fiscalización directa y la denuncia pública como mecanismo de control político, utilizando el hallazgo de irregularidades en una entidad de alto impacto social como el SENA para proyectar una imagen de lucha contra la corrupción. Al vincular los hechos con posibles nexos de dirigentes políticos regionales, el mandatario busca desarticular estructuras de poder local que históricamente han controlado la contratación en departamentos como Córdoba, posicionándose como un actor que depura la administración pública. En este escenario, el Gobierno gana legitimidad al presentarse como un ente vigilante que protege los recursos destinados a la educación, mientras que los sectores políticos regionales vinculados a la gestión del SENA en Córdoba pierden capital político y enfrentan un riesgo judicial inminente. La narrativa se construye bajo una dicotomía entre la transparencia institucional y el clientelismo, donde el Ejecutivo capitaliza el descontento ciudadano por la mala calidad de los servicios para justificar una intervención nacional que centraliza el control sobre la entidad.