Presidente de la Asociación de AFP evita definir responsabilidades tras pérdidas del Fondo E
Resumen
El presidente de la Asociación de AFP, León Fernández de Castro, defendió los mecanismos de supervisión de la industria ante la caída superior al 10% registrada por el Fondo E hasta septiembre. El dirigente gremial sostuvo que la evaluación sobre posibles decisiones imprudentes en las inversiones debe ser resuelta por la institucionalidad y las investigaciones en curso. Asimismo, evitó comprometer compensaciones voluntarias para los afiliados, señalando que dicha decisión no corresponde al gremio.
La Superintendencia de Pensiones inició procesos sancionatorios contra las siete administradoras para determinar si existieron incumplimientos en sus deberes fiduciarios. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respaldó estas indagatorias y cuestionó la falta de medidas preventivas adoptadas en años anteriores. Por su parte, expertos han advertido sobre deficiencias regulatorias que podrían persistir en el sistema, mientras el Congreso impulsa instancias de fiscalización para esclarecer los hechos.
Fernández de Castro intentó transmitir tranquilidad a los próximos a jubilarse, argumentando que la caída del fondo no implica necesariamente una reducción equivalente en las pensiones finales. Explicó que el cálculo de los beneficios depende también de las tasas de interés y no solo del ahorro acumulado. Pese a esto, reconoció su preocupación por el daño reputacional que enfrenta la industria tras los cuestionamientos a las estrategias de inversión y el uso de instrumentos financieros como los swaps.
Análisis Político
La estrategia del gremio de las AFP se centra en la despersonalización de la crisis, trasladando la responsabilidad hacia la institucionalidad regulatoria y los procesos de investigación en curso. Al enfatizar que la industria es altamente regulada y que las decisiones son técnicas, buscan evitar una condena política directa mientras intentan contener el daño reputacional mediante tecnicismos sobre el cálculo de las pensiones.
En este escenario, el Gobierno y los parlamentarios ganan terreno al capitalizar el descontento social, posicionándose como fiscalizadores de un sistema cuestionado. Pierden las administradoras, cuya narrativa de eficiencia técnica se ve debilitada por las pérdidas reales y la apertura de procesos sancionatorios. La construcción de narrativas es divergente: mientras el gremio apela a la calma y a la complejidad técnica, los actores políticos y académicos subrayan la necesidad de reformas estructurales y cambios normativos urgentes.
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