El presidente Abelardo de la Espriella declaró insubsistente a Ricardo Valencia, director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), tras menos de un mes en el cargo. La decisión se fundamentó en declaraciones de Valencia donde afirmó no haber hallado anomalías en las cifras de desempleo de julio, correspondientes al último mes del gobierno de Gustavo Petro, sin haber realizado auditorías profundas previas. El Ejecutivo cuestionó que el funcionario validara estos datos sin un análisis exhaustivo, calificando su postura como una falta de coordinación institucional. La Presidencia también señaló que Valencia incumplió la Directiva Presidencial 001, la cual establece protocolos estrictos para la comunicación pública de los funcionarios gubernamentales. Este desacato se habría materializado al convocar ruedas de prensa sin la debida coordinación con el equipo de comunicaciones de la Casa de Nariño. Como consecuencia, el Gobierno canceló eventos informativos programados por la entidad y procedió a la remoción inmediata del economista, quien fue notificado verbalmente en su despacho. Valencia defendió su gestión argumentando que sus declaraciones se basaron en los controles de calidad técnica de la entidad y en su conocimiento profesional. El exdirector sostuvo que no recibió advertencias previas sobre inconformidades con su labor y enfatizó la importancia de la independencia técnica del Dane frente a las disputas políticas. En su reemplazo, el Gobierno designó a Juan Manuel Alvarado Nivia, quien tendrá la tarea de revisar la información recibida y modernizar la institución.

Análisis político

La salida de Valencia evidencia una estrategia de control centralizado por parte del Ejecutivo, que prioriza la alineación política y comunicacional sobre la autonomía técnica de las entidades estatales. Al invocar la Directiva 001, el Gobierno busca evitar que funcionarios actúen como 'ruedas sueltas', asegurando que cualquier dato que cuestione la narrativa oficial sobre la herencia administrativa del gobierno anterior pase por un filtro de auditoría política previa. En este evento, el Gobierno gana control sobre la narrativa económica al desplazar a un funcionario que validaba las cifras de la administración anterior, pero pierde credibilidad institucional al generar dudas sobre la independencia del Dane. Por su parte, Valencia se posiciona como un defensor de la tecnocracia, construyendo una narrativa de víctima de la censura política, mientras que el Gobierno construye la suya bajo el argumento de la necesidad de transparencia y rigor en la revisión de los activos estatales recibidos.