El Gobierno Nacional incluyó la recuperación del gasoducto binacional Antonio Ricaurte en la lista de Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (PINES) para mitigar el déficit de suministro de gas en el país. Esta infraestructura, inactiva desde 2015, conecta La Guajira con el Lago de Maracaibo y permitiría importar gas venezolano a precios más competitivos que el gas natural licuado importado por vía marítima. La coordinación del proyecto estará a cargo de la Vicepresidencia de la República para acelerar los trámites necesarios. La puesta en marcha del gasoducto contempla una primera fase con la importación de 50 millones de pies cúbicos diarios, lo que representa aproximadamente el 5% de la demanda nacional. Ecopetrol ha señalado que la capacidad operativa total de la tubería alcanza los 450 millones de pies cúbicos diarios, equivalente a cerca de la mitad del consumo del país. La rehabilitación física requerirá la reposición de tramos de tubería robados y la adecuación de estaciones de compresión, con una proyección de inicio de operaciones para mediados de 2027. La ejecución del proyecto está condicionada estrictamente a la obtención de una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Aunque el Gobierno busca agilizar los procesos internos, la dependencia de esta autorización internacional representa el principal obstáculo para la viabilidad del plan. Funcionarios del Ejecutivo enfatizaron que la medida responde a una necesidad de seguridad energética y no a posturas ideológicas.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en la pragmática de la seguridad energética, utilizando la figura de los PINES para centralizar la toma de decisiones bajo la Vicepresidencia y reducir la burocracia estatal. Al priorizar esta infraestructura, el Ejecutivo busca capitalizar una solución técnica que, aunque heredada de administraciones anteriores, se presenta ahora como una respuesta urgente ante la caída en la producción nacional y el aumento de las importaciones. La narrativa oficial se construye sobre la necesidad de competitividad económica y la diversificación de fuentes, intentando desvincular la decisión de posibles tensiones diplomáticas. El Gobierno gana margen de maniobra al mostrar una acción concreta frente a la crisis de abastecimiento, lo que podría aliviar presiones de sectores industriales y hogares. Sin embargo, el riesgo político es alto: el éxito del proyecto depende enteramente de la voluntad del gobierno estadounidense para otorgar la licencia OFAC, lo que deja al Ejecutivo expuesto a una posible negativa internacional. Quienes pierden en esta narrativa son los defensores de la autosuficiencia energética absoluta, ya que la medida reconoce implícitamente la incapacidad actual del país para cubrir su demanda interna sin recurrir a proveedores externos, incluyendo a Venezuela.