El defensor regional del Pueblo en Ocaña, Ever Jesús Pallares Baene, presentó su renuncia al cargo tras conocerse una investigación preliminar de la Fiscalía por la presunta filtración de información reservada al ELN. La denuncia surgió a raíz de un mensaje amenazante recibido por un defensor de derechos humanos en febrero de 2025, el cual contenía detalles precisos sobre su labor que, según el afectado, solo eran conocidos por la Defensoría y el Ejército. La entidad confirmó la dimisión y aseguró que colaborará con las autoridades para esclarecer los hechos sin interferencias institucionales. El caso ha generado especial atención debido al parentesco del funcionario con Luz Amanda Pallares Pallares, alias Silvana Guerrero, cabecilla del Frente de Guerra Nororiental del ELN. Diversos reportes señalan que esta relación familiar, sumada a la precisión de los datos filtrados, ha puesto bajo sospecha la integridad de la oficina regional en una zona marcada por el conflicto armado. La Defensoría del Pueblo, no obstante, enfatizó que los vínculos de consanguinidad no permiten atribuir a un funcionario las conductas delictivas de sus familiares. Pallares Baene ha negado las acusaciones, calificándolas de infundadas y defendiendo su gestión humanitaria en el Catatumbo, incluyendo la proyección de alertas tempranas sobre la violencia en la región. El exfuncionario afirmó que su renuncia, efectiva a partir del 25 de agosto, también responde a su intención de no quedar inhabilitado para participar en las elecciones regionales de 2027. Mientras tanto, la Fiscalía continúa con las indagaciones para determinar si existió una estructura de infiltración dentro del organismo estatal.

Análisis político

La estrategia de defensa de Pallares se centra en separar su responsabilidad individual de sus lazos familiares, utilizando su gestión técnica y la proyección de alertas tempranas como escudo ante los señalamientos de complicidad. Por su parte, la Defensoría del Pueblo busca blindar la legitimidad de la institución mediante una postura de colaboración judicial y el respeto al debido proceso, intentando evitar que el escándalo erosione la confianza pública en su labor humanitaria en zonas de alta conflictividad. En este evento, el principal perdedor es la credibilidad de la Defensoría en el Catatumbo, ya que la sospecha de infiltración compromete la seguridad de los líderes sociales que dependen de su protección. El exfuncionario, aunque intenta salvar su carrera política futura, enfrenta un desgaste reputacional significativo. La narrativa se construye bajo una tensión constante entre la presunción de inocencia y la exigencia de transparencia estatal frente a la influencia de grupos armados ilegales en las instituciones regionales.