La patrullera Yenifer Yaira Ordóñez Valencia, de 23 años, fue asesinada el 16 de septiembre de 2026 en el municipio de El Charco, Nariño. La uniformada, quien se encontraba fuera de servicio y vestida de civil realizando diligencias personales, fue atacada por hombres armados en motocicleta. A pesar de ser trasladada a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de las heridas causadas por disparos en la cabeza.

Análisis político

La estrategia institucional se centra en la cohesión interna y la visibilización del costo humano del conflicto, utilizando el homenaje de 47 mil mujeres policías para fortalecer la moral y proyectar una imagen de unidad frente a la violencia. Esta narrativa busca transformar un hecho de orden público en un símbolo de resistencia institucional, mientras las autoridades locales y nacionales intentan contener la percepción de vulnerabilidad ante el posible despliegue de un 'plan pistola' por parte de grupos armados ilegales. En este escenario, la institución policial y el Estado pierden capacidad de control territorial y seguridad operativa, mientras que los grupos armados, presuntamente disidencias de las Farc, ganan capacidad de intimidación y visibilidad mediante ataques selectivos. La construcción de la narrativa oficial enfatiza la cobardía de los agresores y la agresión contra la mujer policía, buscando deslegitimar las acciones de los grupos ilegales ante la opinión pública y presionar por resultados judiciales rápidos.

La patrullera de la Policía Nacional, Yenifer Yadira Ordóñez Valencia, de 23 años, fue asesinada con arma de fuego el miércoles 16 de septiembre en el municipio de El Charco, Nariño. La uniformada se encontraba fuera de servicio y vestida de civil realizando diligencias personales cuando fue interceptada por hombres armados en motocicleta. Tras el ataque, la víctima fue trasladada a un centro asistencial donde se confirmó su fallecimiento.

Análisis político

El asesinato de la patrullera se enmarca en una estrategia de violencia sistemática atribuida por las autoridades a grupos armados ilegales, específicamente al frente Jaime Martínez del Estado Mayor Central, bajo la modalidad de 'plan pistola'. Esta táctica busca intimidar a la fuerza pública y desafiar la presencia del Estado en el suroccidente del país, utilizando la vulnerabilidad de los uniformados cuando se encuentran fuera de sus instalaciones. El Estado pierde capacidad de control territorial y legitimidad ante la ciudadanía, mientras que los grupos armados ganan visibilidad y capacidad de coacción en la región. La narrativa oficial se centra en la defensa de la institucionalidad y la solidaridad con las mujeres policías, mientras que los actores armados construyen una narrativa de retaliación frente a los operativos militares y judiciales en su contra.