El presidente Abelardo De La Espriella anunció la designación de las coroneles Liliana Jiménez, Jenny Rodríguez y Diana Daza como directora, subdirectora operacional y subdirectora de investigación de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), respectivamente. Este nombramiento marca un hito institucional al ser la primera vez en la historia de Colombia que la línea de mando de esta unidad está integrada exclusivamente por mujeres. El evento contó con la presencia del director de la DIAN, Andrés Felipe Velásquez, quien respaldó la nueva estructura directiva. La administración central justificó estos cambios como parte de una estrategia frontal contra el contrabando, actividad que el mandatario calificó como un delito grave que desangra la economía nacional y financia estructuras criminales. El Gobierno enfatizó que la nueva cúpula tiene la misión de golpear las finanzas de las organizaciones delictivas y proteger el empleo y la industria nacional. Se han definido líneas de investigación específicas para ejecutar operativos de control en fronteras, carreteras y centros urbanos. El anuncio se suma a recientes acciones gubernamentales contra el comercio ilegal, incluyendo la aprehensión de mercancía avaluada en 10.000 millones de pesos en Bogotá. El presidente De La Espriella vinculó estas designaciones con su propósito de transformar la administración pública y romper paradigmas en el liderazgo estatal. La efectividad de esta nueva dirección será evaluada según los resultados operativos y la capacidad de desmantelar las redes de contrabando en el país.

Análisis político

La estrategia política del Gobierno se centra en la construcción de una narrativa de 'transformación y ruptura de paradigmas', utilizando la meritocracia y la inclusión de género como símbolos de honestidad y disciplina. Al presentar a las oficiales junto al director de la DIAN, el Ejecutivo busca proyectar una imagen de unidad institucional y firmeza técnica, alejándose de las formas tradicionales de hacer política y reforzando su discurso de 'Patria Milagro'. En este escenario, el presidente De La Espriella gana capital político al capitalizar la lucha contra el contrabando como un eje de seguridad nacional y protección económica, lo que le permite legitimar su autoridad ante la opinión pública. Por el contrario, las estructuras criminales y los sectores vinculados a la ilegalidad aduanera se posicionan como los principales perdedores, enfrentando una cúpula policial con un mandato explícito de persecución financiera y operativa.