La Policía Nacional de Colombia expidió la Resolución 03226 del 13 de octubre de 2026, mediante la cual se deroga la estructura de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) creada en 2022. En su lugar, la institución oficializó la creación de la Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi), la cual integra nuevamente al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) como su componente operativo principal. Esta medida busca reorganizar la capacidad de respuesta ante motines, asonadas y alteraciones del orden público en el territorio nacional. La nueva estructura orgánica de la Unadi se compone de cuatro áreas: el Subcomando de la Unidad Nacional Antidisturbios, el Grupo de Seguimiento Operacional, las Regionales Antidisturbios y los escuadrones operativos. El documento establece un periodo de transición de 90 días para que la institución realice los ajustes administrativos y operativos necesarios para la implementación de este cambio. La resolución mantiene referencias legales sobre el respeto al derecho a la protesta pacífica y la obligación de los uniformados de actuar bajo criterios de necesidad, proporcionalidad y racionalidad. El cambio representa un giro en la política de seguridad respecto a la administración anterior, que había priorizado el diálogo y la mediación como eje central de la unidad. Mientras sectores políticos y ciudadanos demandaban mayor firmeza frente a los bloqueos y disturbios, organizaciones sociales han expresado preocupaciones sobre el posible uso excesivo de la fuerza. La institución policial, por su parte, sostiene que la nueva unidad conservará funciones de mediación y capacitación en derechos humanos para desescalar conflictos durante las manifestaciones.

Análisis político

La reactivación del Esmad bajo una nueva estructura administrativa responde a una estrategia de seguridad que busca recuperar la autoridad institucional frente a la protesta social, distanciándose de la narrativa de 'diálogo' que caracterizó al gobierno anterior. Este movimiento político capitaliza el descontento de sectores que percibían la anterior unidad como una estructura debilitada, consolidando una imagen de mayor contundencia operativa en el control del orden público. El gobierno actual gana legitimidad ante sus bases electorales al cumplir con la promesa de endurecer la respuesta ante disturbios, mientras que los sectores de oposición y organizaciones sociales pierden un espacio de interlocución que se había institucionalizado en 2022. La narrativa oficial se construye sobre la necesidad de orden y seguridad, mientras que la contraparte enfatiza el riesgo de retrocesos en materia de derechos humanos y garantías para la movilización ciudadana.

La Policía Nacional oficializó mediante la Resolución 03226 del 13 de octubre de 2026 la creación de la Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi), eliminando la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo). Esta nueva estructura orgánica reincorpora formalmente al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) como la dependencia operativa encargada de intervenir en manifestaciones, motines y asonadas. La medida deroga la normativa de 2022 que había transformado la unidad bajo un enfoque centrado en la mediación y el diálogo. El acto administrativo establece un periodo de transición de 90 días para que la institución realice los ajustes administrativos y operativos necesarios. La resolución fundamenta la actuación policial en el respeto al derecho a la protesta pacífica, citando el artículo 37 de la Constitución y el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Se mantiene la exigencia de que el uso de la fuerza sea necesario, proporcional y racional, además de requerir la certificación anual de los uniformados en derechos humanos. Este cambio responde a una nueva directriz del Gobierno de Abelardo De La Espriella, que considera insuficiente la doctrina anterior para enfrentar situaciones de violencia. Mientras sectores ciudadanos demandan mayor firmeza frente a bloqueos y disturbios, organizaciones sociales han expresado preocupaciones sobre el posible uso excesivo de la fuerza. La transición busca consolidar una estructura que, aunque conserva principios de diálogo, prioriza la capacidad de control operativo en el orden público.

Análisis político

La estrategia política detrás de este cambio busca marcar una ruptura simbólica y operativa con la administración anterior, alineándose con una narrativa de autoridad y orden público. Al recuperar el nombre Esmad, el actual Gobierno capitaliza el respaldo de sectores que percibían la Undmo como una entidad debilitada, mientras intenta equilibrar esta postura con el marco legal vigente sobre derechos humanos para evitar una ruptura institucional total. El Gobierno gana legitimidad ante su base electoral al cumplir con la promesa de endurecer la respuesta ante la protesta social, mientras que los sectores de oposición y organizaciones sociales pierden un espacio de interlocución que se había construido bajo la premisa de la mediación. La construcción de narrativas se divide entre quienes ven en la Unadi una herramienta necesaria para la seguridad y quienes la interpretan como un retroceso en las garantías democráticas y el desescalamiento de conflictos.