Gobierno convoca encuentros regionales para reformar el Código Nacional de Tránsito
Resumen
El Ministerio de Transporte anunció el inicio de un proceso de participación ciudadana para reformar el Código Nacional de Tránsito, normativa vigente desde hace más de dos décadas. La ministra Elsa Noguera lidera la iniciativa, que busca actualizar las reglas de movilidad para hacerlas más justas con el bolsillo de los ciudadanos y coherentes con la realidad social del país. El Gobierno realizará cuatro encuentros regionales en Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín, además de habilitar una plataforma digital para recibir propuestas de diversos actores viales.
La convocatoria está dirigida a transportadores, motociclistas, ciclistas, peatones, gremios y la academia, con el fin de recoger experiencias directas antes de presentar el proyecto de ley ante el Congreso. Los temas a tratar incluyen normas de comportamiento, condiciones técnicas de vehículos, sistemas de registro, régimen sancionatorio y trámites ciudadanos. La ministra enfatizó que el objetivo es evitar la construcción de la reforma desde un escritorio, priorizando la protección de la vida y la eficiencia en las vías.
El Ministerio aclaró que este proceso se limita exclusivamente a la actualización del Código de Tránsito y no contempla modificaciones al régimen de transporte público regulado por la Ley 336 de 1996. La reforma surge en un contexto de aumento en la siniestralidad vial durante el primer semestre de 2026, lo que motiva la revisión de los costos administrativos y sanciones. A pesar de la apertura al diálogo, el Gobierno mantiene su postura de firmeza frente a conductas de alto riesgo como el exceso de velocidad y la conducción bajo efectos del alcohol.
Análisis Político
La estrategia del Gobierno se centra en la legitimación democrática de una reforma técnica, utilizando la participación ciudadana como mecanismo para reducir la resistencia social ante posibles cambios en el régimen sancionatorio. Al descentralizar la discusión mediante encuentros regionales, el Ejecutivo busca capitalizar el descontento popular frente a los costos de multas y trámites, posicionándose como un actor que escucha las necesidades económicas de los conductores sin ceder en la seguridad vial.
El Gobierno gana al capitalizar la narrativa de una gestión cercana y empática, mientras que los gremios y ciudadanos que se sienten afectados por el actual sistema de multas y patios ven una oportunidad de incidencia directa. La construcción de la narrativa oficial diferencia claramente entre la flexibilización de cargas económicas injustas y la firmeza en la protección de la vida, evitando así que la oposición política pueda etiquetar la reforma como una medida de permisividad ante la inseguridad en las carreteras.
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