En la recta final de la campaña presidencial, el candidato Abelardo de la Espriella ha denunciado públicamente un plan para atentar contra su vida y ha acusado al candidato Iván Cepeda y sus aliados de promover la compra de votos y generar inestabilidad electoral. De la Espriella ha señalado que cuenta con informes de inteligencia que confirman estas amenazas y ha vinculado a Cepeda con presuntas irregularidades en la obtención de votos en ciertas regiones, llegando a mencionar la muerte de Miguel Uribe como un antecedente. Estas acusaciones se dan en el contexto de la segunda vuelta presidencial, donde ambos candidatos buscan consolidar su apoyo. Por su parte, la campaña de Iván Cepeda ha sido señalada por un militante de ofrecer beneficios a cambio de apoyo electoral en una reunión en Valledupar, lo que ha generado controversia. El militante, Pedro Acuña, respondió a las acusaciones indicando que su labor era recoger inquietudes y que los recursos de campaña son manejados transparentemente. Mientras tanto, De la Espriella también ha denunciado una amenaza de muerte proveniente de un dirigente del Polo Democrático, calificando el hecho como una incitación a la violencia y pidiendo garantías para el debate democrático. Ante la escalada de denuncias y la "avalancha de amenazas", el presidente Gustavo Petro ordenó duplicar la seguridad de ambos candidatos presidenciales, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. El mandatario también solicitó a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación investigar las amenazas difundidas por redes sociales, vinculando a un supuesto 'urbanizador pirata' con hechos intimidatorios. El presidente enfatizó la necesidad de suspender estas amenazas para evitar asesinatos masivos y pidió a las empresas de plataformas digitales colaborar en la prevención de delitos electorales y desinformación.

Análisis político

Se observa una estrategia de confrontación directa y descalificación mutua entre las campañas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. De la Espriella emplea una narrativa de victimización, denunciando amenazas a su vida y acusando a su rival de prácticas ilegales como la compra de votos y la manipulación electoral, buscando presentarse como un defensor de la democracia frente a un adversario que, según él, recurre a "todas las formas de lucha". Por otro lado, la campaña de Cepeda, aunque menos explícita en las acusaciones directas en los artículos, se ve envuelta en denuncias de ofrecimiento de beneficios, lo que podría interpretarse como una estrategia para movilizar bases o asegurar apoyos, mientras que también se le vincula con la denuncia de un posible "autoatentado" por parte de De la Espriella. Con estas acciones, Abelardo de la Espriella busca capitalizar el temor y la inseguridad, presentándose como el candidato que enfrenta un "plan para atentar contra mi vida" y que denuncia "bandidos", lo que podría movilizar a su electorado y atraer a votantes indecisos que buscan orden y seguridad. Iván Cepeda, por su parte, parece enfocarse en consolidar su base y en desvirtuar las acusaciones, mientras que la intervención del presidente Petro, ordenando mayor seguridad, podría ser interpretada por ambos bandos como un respaldo o una validación de sus denuncias, aunque también busca controlar la escalada de violencia y asegurar la transparencia del proceso electoral. El senador Antonio Correa, al defenderse de las acusaciones de compra de votos, refuerza la narrativa de que las denuncias de De la Espriella carecen de pruebas y se basan en "montajes discursivos".