PDI allana domicilios por red de pornografía infantil en Colegio Marista de Rancagua
Resumen
La Policía de Investigaciones ejecutó el allanamiento de seis domicilios en Rancagua tras una denuncia por la creación y distribución de material íntimo de alumnas del Colegio Marista. La investigación, liderada por la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales, apunta a una red operada por estudiantes que utilizaba carpetas de Google Drive para compartir archivos durante al menos dos años. El Ministerio Público incautó dispositivos tecnológicos para peritajes forenses y activó protocolos de apoyo para las víctimas.
Las estudiantes de tercero y cuarto medio denunciaron públicamente la existencia de esta red, expresando su repudio y exigiendo medidas de seguridad inmediatas ante la permanencia de los presuntos responsables en el recinto. El rector del establecimiento, Claudio Castillo, defendió la gestión institucional asegurando que se activaron los protocolos de convivencia escolar y se realizaron las denuncias ante las autoridades competentes. La comunidad escolar ha mantenido manifestaciones para presionar por sanciones y mayor protección dentro del plantel.
La Fiscalía Regional de O'Higgins confirmó que, además de los delitos de almacenamiento y distribución de material pornográfico, se investiga una arista por omisión de denuncia. Esta línea indagatoria busca determinar si existió negligencia administrativa o falta de acción oportuna por parte de los estamentos del colegio. Las autoridades no descartan que la red de distribución pueda extenderse a otros establecimientos educacionales de la comuna.
Análisis Político
La estrategia política observada en este caso se centra en la gestión de crisis reputacional por parte de la institución educativa frente a la presión social ejercida por el estamento estudiantil. Mientras el colegio intenta validar sus protocolos internos para contener el impacto, las alumnas utilizan la movilización y la denuncia pública como herramientas de fiscalización ciudadana para forzar una respuesta estatal más allá de la administrativa. Esta dinámica refleja una creciente desconfianza en los mecanismos de resolución interna de los establecimientos privados ante delitos de alta gravedad.
En este escenario, las estudiantes ganan legitimidad al posicionar la violencia de género como un problema estructural que requiere intervención judicial, mientras que el colegio y los presuntos responsables enfrentan un alto costo reputacional y penal. La narrativa de las víctimas se construye desde la urgencia de seguridad y la crítica a la impunidad, contrastando con la narrativa institucional que busca enfatizar el cumplimiento de los procedimientos formales. El resultado final dependerá de la capacidad de la Fiscalía para acreditar las responsabilidades individuales y determinar si hubo una falla sistémica en la protección de las menores.
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