Un grupo de parlamentarios del Partido Nacional Libertario, Republicanos y Renovación Nacional ingresó el proyecto de ley denominado Escucha su corazón. La iniciativa busca modificar el Código Sanitario para obligar a los médicos a ofrecer a las mujeres la escucha de latidos fetales antes de realizar un aborto en las causales de violación e inviabilidad fetal. El texto establece que, si la paciente declina el ofrecimiento, el profesional de la salud queda impedido de practicar la interrupción del embarazo.

Análisis político

La estrategia política observada busca desincentivar el acceso al aborto legal mediante la imposición de barreras administrativas y psicológicas, utilizando como referencia legislaciones conservadoras de Estados Unidos y Hungría. Este movimiento permite a los sectores de derecha y extrema derecha marcar una agenda valórica que busca revertir o limitar la aplicación de la ley de tres causales vigente desde 2017, apelando a una narrativa de protección a la vida frente a lo que denominan una ofensiva del aborto. En este escenario, los impulsores del proyecto ganan visibilidad ante su electorado conservador, mientras que las organizaciones feministas y figuras de la oposición pierden terreno al verse obligadas a defender la operatividad de una ley ya consolidada. La construcción de narrativas es polarizada: los autores del proyecto presentan la medida como un fortalecimiento del consentimiento informado, mientras que sus detractores la califican como una forma de coacción, crueldad institucional y revictimización de las mujeres.

Un grupo de diputados del Partido Nacional Libertario, Republicanos y Renovación Nacional presentó el proyecto de ley denominado Escucha su corazón. La iniciativa propone modificar el Código Sanitario para obligar a los médicos a ofrecer a las mujeres la escucha de los latidos fetales antes de realizar un aborto bajo las tres causales vigentes. Si la paciente declina esta opción, el profesional de la salud quedaría legalmente impedido de practicar la interrupción del embarazo. La exministra de la Mujer, Antonia Orellana, calificó la propuesta como una medida coercitiva y cruel que busca entorpecer el acceso a derechos reproductivos. Organizaciones como Miles Chile advirtieron que la normativa es revictimizante y contraviene estándares internacionales de autonomía y dignidad. Expertos clínicos señalaron que la medida es innecesaria, dado que la evaluación de vitalidad fetal ya se realiza mediante otros procedimientos médicos sin requerir la escucha del corazón. Los autores del proyecto defienden la iniciativa argumentando que fortalece el consentimiento informado y citan como referencia legislaciones de Estados Unidos y Hungría. El diputado Cristóbal Urruticoechea, principal impulsor, sostuvo que la propuesta es necesaria para frenar la práctica del aborto en el país. La discusión ha generado un intenso debate sobre los límites de la autonomía de la mujer frente a las nuevas barreras procedimentales que propone el sector conservador.

Análisis político

La estrategia política observada responde a una táctica de obstrucción administrativa, donde sectores conservadores buscan limitar el ejercicio de derechos ya consagrados mediante la imposición de barreras procedimentales. Al importar narrativas de la derecha internacional, los impulsores del proyecto intentan desplazar el debate desde la salud pública hacia una dimensión moral, buscando desincentivar el aborto sin derogar formalmente la ley vigente. En este escenario, los sectores conservadores ganan visibilidad ante su electorado al cumplir con una agenda valórica, mientras que las organizaciones de mujeres y exautoridades pierden capacidad de maniobra al verse obligadas a defender la operatividad de una ley que ya tiene casi una década de vigencia. La construcción de narrativas es divergente: mientras los proponentes hablan de un derecho a la información completa, sus críticos denuncian un mecanismo de hostigamiento institucionalizado y chantaje emocional.