La Policía de Investigaciones realizó un allanamiento en la casa de cambio El Panda, ubicada en el centro de Santiago, en el marco de una investigación contra el exfiscal Vinko Fodich. El procedimiento permitió la incautación de documentos y equipos tecnológicos que serán analizados por el Ministerio Público. Fodich, quien actualmente cumple prisión preventiva, mantiene una participación del 20% en la sociedad comercial que controla dicho recinto. Esta diligencia se vincula a una indagatoria mayor por delitos de secuestro extorsivo y lavado de activos, en la cual también están involucrados funcionarios activos de la PDI. La investigación busca esclarecer si las operaciones financieras registradas en la casa de cambio tienen relación con los recursos obtenidos mediante actividades ilícitas. El caso también conecta con las pesquisas sobre el denominado Clan Chen, una organización criminal investigada por fraudes financieros internacionales. La defensa del exfiscal ha sostenido su inocencia frente a las acusaciones, argumentando que cuentan con una teoría de descargo para enfrentar el proceso judicial. Mientras tanto, la Fiscalía Supraterritorial continúa recabando antecedentes para determinar el rol de cada uno de los diez detenidos en la red criminal. La causa ha generado impacto debido a la trayectoria previa de Fodich como persecutor y su posterior rol como abogado penalista.

Análisis político

La estrategia política observada se centra en la depuración institucional y el combate a la corrupción interna, evidenciada por la participación del Departamento de Asuntos Internos de la PDI en la detección de sus propios funcionarios. Este evento refuerza la narrativa de una Fiscalía Supraterritorial activa que busca desarticular redes de crimen organizado que han logrado permear instituciones clave del sistema de justicia y seguridad pública. El gran perdedor es la credibilidad del sistema judicial y policial, al verse involucrado un exfiscal que ocupó cargos de relevancia en el Ministerio Público y en el Ministerio del Interior. Por otro lado, el Ministerio Público gana legitimidad al demostrar capacidad para investigar a sus propios exintegrantes, construyendo una narrativa de imparcialidad y rigor técnico frente a la opinión pública, a pesar de la complejidad que implica la vinculación de abogados penalistas con estructuras criminales.