El Partido de la Gente (PDG) atraviesa un complejo escenario político y administrativo tras la renuncia de su presidente, Rodrigo Vattuone, y la asunción de Denisse Catalán como nueva timonel. La colectividad ha nombrado a Franco Parisi como secretario general en medio de una reestructuración interna. Paralelamente, el partido busca aclarar ante el Servicio Electoral (Servel) observaciones a sus balances financieros de 2023, las cuales han derivado en el congelamiento de fondos estatales y el riesgo de una posible disolución legal. En el ámbito legislativo, la diputada Zandra Parisi se reunió con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, para presentar a la nueva directiva y discutir la postura del partido frente a la megarreforma del Gobierno. La parlamentaria descartó un acuerdo cerrado, enfatizando que los 13 votos de la bancada se definirán proyecto a proyecto tras evaluar las necesidades de sus distritos. El Ejecutivo, por su parte, ha mostrado disposición a acelerar iniciativas de interés del PDG, como la devolución del IVA en pañales y medicamentos, para asegurar el respaldo necesario en el tercer trámite legislativo. La estrategia del PDG ha generado críticas desde otros sectores de la oposición, como Renovación Nacional, donde la diputada Ximena Ossandón calificó de impresentable la negociación de votos por proyectos específicos. Mientras el oficialismo reconoce el peso político del PDG para destrabar la agenda legislativa, la colectividad sostiene que su rol es el de una oposición dialogante. La incertidumbre sobre la votación final persiste, mientras el partido intenta equilibrar sus urgencias financieras con su capacidad de influencia en el Congreso.

Análisis político

El PDG despliega una estrategia de 'bisagra' legislativa, capitalizando su peso numérico en la Cámara para forzar al Gobierno a ceder en temas de agenda propia, como la devolución del IVA en productos básicos. Esta táctica busca proyectar una imagen de partido pragmático y relevante ante la ciudadanía, intentando desviar la atención pública de la crisis institucional y financiera que enfrenta ante el Servel. Al posicionarse como un actor indispensable, el PDG intenta blindarse políticamente frente a las investigaciones por irregularidades en sus balances. En este escenario, el Gobierno de José Antonio Kast gana capacidad de maniobra para aprobar reformas críticas, aunque a costa de validar un modelo de negociación transaccional que es duramente cuestionado por sectores tradicionales de la oposición. El gran perdedor es la estabilidad del sistema de partidos, ya que la construcción de narrativas basadas en el intercambio de votos por proyectos específicos debilita la coherencia ideológica. Mientras el PDG intenta sobrevivir a una posible disolución, el oficialismo asume el costo político de legitimar a un actor cuestionado para asegurar la gobernabilidad legislativa.