El expresidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda presentaron el denominado 'Gabinete por la vida', un equipo conformado por exministros y exfuncionarios de su administración. Esta estructura busca realizar control político, vigilar las decisiones del gobierno de Abelardo de la Espriella y defender las reformas sociales impulsadas durante el mandato anterior. La iniciativa se inspira en modelos parlamentarios extranjeros donde la oposición organiza un gobierno a la espera para proponer alternativas a la gestión oficial. Los integrantes del gabinete incluyen figuras como Irene Vélez, Guillermo Alfonso Jaramillo, Daniel Rojas y Antonio Sanguino, entre otros exdirectivos. Según sus promotores, el grupo sesionará cada quince días para emitir pronunciamientos públicos y ofrecer soluciones técnicas ante crisis como el fenómeno del niño y los efectos de un reciente terremoto. El equipo operará bajo una metodología coordinada por el exministro de Hacienda, Germán Ávila, con el fin de enriquecer el debate democrático desde una perspectiva progresista. La presentación de este gabinete generó diversas reacciones sobre su alcance y efectividad real en el escenario político colombiano. Mientras los líderes de la oposición califican al actual gobierno como uno que promueve la muerte y el espectáculo, sectores críticos cuestionan la gestión previa de varios de los miembros designados. La figura se mantiene como un ejercicio simbólico y de veeduría, a la espera de definir su integración formal dentro del estatuto de oposición vigente.

Análisis político

La estrategia política detrás del 'Gabinete por la vida' busca institucionalizar la oposición mediante la creación de un 'gobierno en la sombra', una figura que intenta capitalizar la experiencia técnica de los exfuncionarios para confrontar la narrativa del nuevo gobierno. Al adoptar este modelo, el Pacto Histórico intenta mantener la relevancia mediática y política de sus líderes, posicionándose como una alternativa preparada para retomar el poder, mientras deslegitiman la administración de De la Espriella calificándola de ilegítima o ineficiente. En este pulso, el principal beneficiario es el bloque progresista, que logra cohesionar a sus cuadros bajo una estructura de trabajo permanente, evitando la dispersión tras la salida del Ejecutivo. Por el contrario, el riesgo recae sobre la credibilidad de los integrantes del gabinete, muchos de los cuales enfrentan cuestionamientos por su gestión pasada, lo que permite al oficialismo desestimar sus críticas como un intento de reciclaje político. La narrativa se construye bajo una dicotomía moral donde la oposición se presenta como la 'luz' frente a un gobierno al que acusan de ocultar la realidad mediante el espectáculo.