Centenares de mujeres se congregaron frente al Palacio de La Moneda y el Congreso Nacional para demandar la salida del ministro de Justicia, Fernando Rabat. La movilización, convocada por diversas organizaciones feministas y sociales, responde a la controversia generada por 56 decretos de rebaja de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores y crímenes de lesa humanidad. Las manifestantes realizaron la performance “Un violador en tu camino” en Santiago y otras ciudades del país como parte de una jornada nacional de protesta. Las agrupaciones, entre las que destacan la Coordinadora Feminista 8M y la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, calificaron la gestión del Ejecutivo como indolente y denunciaron una supuesta impunidad. Argumentaron que las decisiones administrativas del Ministerio de Justicia revictimizan a las víctimas y ponen en riesgo la seguridad de las mujeres. La presión política se intensifica mientras la oposición prepara una acusación constitucional contra el secretario de Estado por su responsabilidad en la firma de dichos decretos. El presidente José Antonio Kast reafirmó su respaldo a Rabat desde el extranjero, señalando que la permanencia de los ministros es una facultad exclusiva del Ejecutivo. Por su parte, el Ministerio de Justicia sostiene que las rebajas de penas se basaron en criterios de la Corte Suprema y anunció la suspensión de nuevos decretos mientras se tramitan cambios legislativos. La tensión persiste ante la negativa del Gobierno a remover al titular de Justicia pese a las exigencias de los movimientos sociales y sectores del oficialismo.

Análisis político

La estrategia política del Gobierno se centra en la defensa de la institucionalidad y la autonomía del Ejecutivo frente a la presión de la calle y la oposición, utilizando el respaldo presidencial como escudo para evitar una crisis de gabinete. Por otro lado, los movimientos feministas emplean la movilización masiva y la reapropiación de símbolos culturales, como la performance de Las Tesis, para elevar el costo político de la permanencia de Rabat y forzar una respuesta que trascienda lo administrativo. En este escenario, el Gobierno pierde capital político al quedar expuesto a una acusación constitucional y al desgaste de su imagen pública ante demandas de justicia. Las organizaciones feministas ganan visibilidad y capacidad de agenda, logrando instalar el tema de la impunidad en el centro del debate nacional. La narrativa del Ejecutivo se construye sobre la legalidad técnica de sus actos, mientras que la oposición y los movimientos sociales construyen una narrativa de negligencia ética y revictimización.