El Ejecutivo anunció que patrocinará y otorgará discusión inmediata a una moción parlamentaria transversal que busca derogar la Ley N°19.856, la cual permite la rebaja de condenas por buena conducta. La decisión fue comunicada por el subsecretario de la Segegob, Gonzalo Arenas, tras un comité político encabezado por el Presidente José Antonio Kast. El objetivo es eliminar definitivamente este beneficio carcelario para asegurar que las sentencias judiciales se cumplan de manera íntegra, respondiendo así a la creciente preocupación por la reincidencia delictual. La medida surge en un contexto de crisis política marcada por cuestionamientos a la gestión del Ministerio de Justicia y la continuidad de su titular, Fernando Rabat. El Gobierno defendió la vigencia de su equipo ministerial, descartando cualquier ajuste administrativo y enfatizando que todos los ministros cuentan con la confianza del mandatario. Arenas subrayó que el problema de las rebajas de penas es un fallo sistémico que arrastra más de dos décadas, deslindando responsabilidades de la actual administración. La estrategia gubernamental busca cerrar el debate sobre los beneficios carcelarios mediante la eliminación total de la normativa de 2003, evitando interpretaciones parciales. El Ejecutivo hizo un llamado al Congreso para respaldar esta iniciativa, contrastando su postura con la negativa previa de la oposición para tramitar proyectos similares. La prioridad del Gobierno, según lo señalado, se mantiene en la tramitación de la Ley de Presupuesto y la resolución de desafíos económicos y sociales.

Análisis político

La estrategia del Ejecutivo se centra en el control de daños mediante una ofensiva legislativa que busca desplazar el foco de la crisis de gestión hacia una solución estructural de seguridad pública. Al patrocinar una moción parlamentaria transversal, el Gobierno intenta recuperar la iniciativa política y forzar a la oposición a definirse frente a una medida de alta popularidad, neutralizando las críticas sobre la reincidencia delictual y la supuesta inacción del Ministerio de Justicia. En este escenario, el Gobierno gana margen de maniobra al blindar al ministro Rabat y reafirmar la cohesión de su gabinete, evitando ceder ante las presiones por cambios ministeriales. Por su parte, la oposición pierde capacidad de capitalizar el descontento ciudadano si se opone a la derogación, quedando expuesta a la narrativa oficialista que los acusa de priorizar el beneficio político sobre la seguridad. La construcción de la narrativa gubernamental se basa en la despersonalización del conflicto, atribuyendo la crisis a una falla sistémica heredada desde 2003.