Cruz-Coke defiende continuidad de ministro Rabat y critica uso político de víctimas
Resumen
El senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, respaldó la decisión del Presidente José Antonio Kast de mantener al ministro de Justicia, Fernando Rabat, en su cargo pese a la crisis por la rebaja de condenas a delincuentes. El parlamentario calificó el desgaste político como un costo ya asumido por el Ejecutivo, instando a enfocarse en soluciones legislativas integrales. Reconoció que el error en la aplicación de beneficios penitenciarios es grave, pero enfatizó que el Gobierno busca corregir los vacíos legales existentes.
La controversia se intensificó tras la negativa de la oposición a otorgar la unanimidad necesaria para que la Comisión de Constitución del Senado sesionara y discutiera las reformas propuestas. Cruz-Coke acusó a los sectores opositores de instrumentalizar la crisis para lograr cohesión interna y presionar al Gobierno mediante una eventual acusación constitucional. Según el senador, esta estrategia prioriza el daño político sobre la protección de las víctimas, a quienes calificó como rehenes de la disputa.
El oficialismo sostiene que la prioridad debe ser la tramitación de proyectos que impidan la repetición de estos beneficios para condenados por delitos graves. Aunque el Ejecutivo se comprometió a entregar los decretos de rebajas de penas con información anonimizada, el senador instó a agilizar este proceso para garantizar transparencia. La postura del bloque oficialista busca cerrar el capítulo de la crisis de gabinete para centrarse en la agenda legislativa y evitar mayores costos electorales.
Análisis Político
La estrategia del oficialismo se centra en normalizar el costo político de la crisis, etiquetándolo como un 'costo hundido' para evitar que la permanencia del ministro Rabat siga dominando la agenda pública. Al desplazar el foco hacia la responsabilidad legislativa, el Gobierno intenta trasladar la carga de la inacción hacia la oposición, presentándose como el actor que busca soluciones técnicas frente a una contraparte supuestamente interesada solo en el rédito electoral.
En este escenario, la oposición gana terreno al mantener la presión mediante la amenaza de una acusación constitucional, lo que les permite cohesionar sus filas y desgastar la figura del Presidente Kast. Por su parte, el oficialismo pierde capital político al quedar atado a la gestión de un ministro cuestionado, pero intenta mitigar el daño construyendo una narrativa donde la oposición es la responsable de la desprotección de las víctimas al bloquear el debate legislativo.
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