El abogado Luis Hermosilla, en su reciente declaración ante el Ministerio Público, reveló que el actual embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, participaba junto a él y otros abogados en un grupo destinado a influir en nombramientos de jueces y ministros. Según el testimonio, Zaliasnik poseía mayor acceso a magistrados de las cortes de Apelaciones y Suprema, además de haber solicitado a Hermosilla intervenir para mantener la prisión preventiva de un exdirectivo en una causa donde el diplomático actuaba como querellante. Estos antecedentes han generado una fuerte controversia política sobre la idoneidad del embajador para representar al país. La oposición ha intensificado las presiones para que Zaliasnik deje su cargo, argumentando que su continuidad daña la imagen del Estado y complica la gestión gubernamental. Parlamentarios como Jaime Mulet y Daniel Manouchehri han solicitado explícitamente su salida, señalando que los antecedentes conocidos dificultan su desempeño diplomático. Esta demanda se suma a cuestionamientos previos realizados por el embajador contra la comunidad palestina, lo que ha elevado el costo político de mantenerlo en la embajada. El Gobierno, a través del biministro Claudio Alvarado, ha evitado emitir juicios definitivos sobre la permanencia de Zaliasnik, limitándose a señalar que los hechos están radicados en el ámbito judicial. El Ejecutivo sostiene que la evaluación de sus representantes en el extranjero es permanente, pero enfatiza que no intervendrá mientras las investigaciones penales sigan su curso. Por su parte, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, aprovechó el contexto para defender la necesidad de reformar el sistema de nombramientos judiciales para eliminar espacios de influencia indebida.

Análisis político

La estrategia política observada se basa en la contención de daños por parte del Ejecutivo, que busca separar la responsabilidad administrativa de la investigación penal para evitar una crisis mayor. Mientras el Gobierno apela a la institucionalidad y a la espera de los fallos judiciales para no ceder ante la presión opositora, los sectores críticos utilizan el caso para desgastar la figura del embajador y cuestionar la coherencia de la política exterior. Se observa una clara construcción de narrativas contrapuestas: una que exige estándares éticos superiores para los cargos diplomáticos y otra que prioriza la presunción de inocencia y la separación de poderes. En este evento, el principal perdedor es el Gobierno, que debe gestionar una crisis de confianza sobre uno de sus representantes diplomáticos mientras enfrenta cuestionamientos sobre la transparencia en los nombramientos judiciales. El embajador Zaliasnik pierde capital político y legitimidad, quedando bajo un escrutinio constante que limita su capacidad de acción. Por otro lado, la oposición gana terreno al instalar un relato de fiscalización y exigencia de probidad, utilizando las revelaciones del caso para vincular al Ejecutivo con prácticas de influencia política en el Poder Judicial.