Acuerdo presupuestario entre Gobierno y parte de la oposición fractura al bloque opositorActualizado · hace 1 día
Resumen
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, logró destrabar la aprobación de la autorización de deuda pública por US$25.000 millones en el Senado, tras alcanzar un acuerdo con parlamentarios del Partido Comunista, la Democracia Cristiana y el PPD. El Ejecutivo accedió a incorporar US$160 millones al Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) y realizar concesiones en salud y educación, revirtiendo su postura inicial. Esta decisión permitió al Gobierno avanzar en la Ley de Presupuestos 2027, superando la amenaza de una acusación constitucional que pesaba sobre el jefe de la billetera fiscal.
La resolución del conflicto generó una fuerte división al interior de la oposición, siendo el Partido Socialista el principal crítico del pacto. Parlamentarios socialistas calificaron el acuerdo como una entrega de herramientas de negociación clave y cuestionaron la nueva alianza de sus pares con el ministro Quiroz. Desde el PS, figuras como el senador Gastón Saavedra y la senadora Daniella Cicardini enfatizaron que cada parlamentario deberá responder por su decisión de respaldar al Ejecutivo.
El ministro Quiroz, por su parte, descartó que su rectificación sobre el FAPP fuera producto de la presión política, atribuyéndola a una aclaración de dudas sobre la interpretación legal del calendario de aportes. A pesar de este avance presupuestario, el titular de Hacienda enfrenta un nuevo frente de conflicto, ya que la bancada del PPD ha anunciado una interpelación en su contra por la situación económica y laboral del país. El escenario legislativo se mantiene tenso de cara al tercer trámite del proyecto de ley.
Análisis Político
La estrategia del Gobierno se centró en la fragmentación de la oposición mediante la negociación selectiva, logrando aislar al sector más crítico, representado principalmente por el Partido Socialista. Al ceder en demandas específicas como el FAPP, el Ejecutivo no solo evitó una acusación constitucional, sino que aseguró la aprobación de una herramienta financiera vital, como el endeudamiento, utilizando la pragmática de los partidos que priorizaron los acuerdos sectoriales sobre la unidad opositora.
En este evento, el Gobierno y los senadores que pactaron con Hacienda resultan ganadores al destrabar la agenda legislativa y obtener recursos para sus áreas de interés, mientras que el Partido Socialista pierde capacidad de influencia y se ve debilitado en su rol de contrapeso. La narrativa se construye bajo dos ejes contrapuestos: mientras el oficialismo y sus aliados temporales presentan el acuerdo como un ejercicio de responsabilidad y diálogo, el sector disidente de la oposición lo califica como una claudicación que compromete la estrategia colectiva frente a La Moneda.
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