El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, negó cualquier relación entre el Ejecutivo y el consultor argentino Fernando Cerimedo, actualmente detenido en Bolivia por cargos de intento de femicidio, enriquecimiento ilícito y presuntos nexos con el narcotráfico. La controversia surgió tras confirmarse que Cerimedo participó en la campaña del Rechazo de 2022, donde coincidió con actuales funcionarios de La Moneda, como el director de la Secom, Felipe Costabal, y el jefe de asesores, Alejandro Irarrázaval. Pavez enfatizó que todas las actividades de las campañas del Presidente están debidamente rendidas y aprobadas, descartando cualquier vínculo que el Gobierno deba reconocer. La oposición ha intensificado sus acciones fiscalizadoras mediante oficios y denuncias penales presentadas por parlamentarios como Gonzalo Winter y Juan Santana. Estas acciones buscan esclarecer si la Secretaría de Comunicaciones ha coordinado o financiado cuentas anónimas y granjas de bots para influir en el debate público. La preocupación legislativa se centra en el historial de Cerimedo como estratega de campañas digitales agresivas en Brasil, Argentina y Bolivia, donde se le ha vinculado con la difusión de noticias falsas y operaciones de hostigamiento. El debate se ha extendido a otros sectores políticos, incluyendo cuestionamientos sobre la relación del consultor con figuras como Sebastián Sichel y el Partido de la Gente, quienes han negado vínculos formales. Mientras el Gobierno opta por desmarcarse y priorizar la agenda de seguridad y economía, sectores de la oposición impulsan la creación de una comisión investigadora en el Congreso. El objetivo es determinar si existen estructuras digitales operando desde el Estado que puedan comprometer la integridad de los procesos democráticos en Chile.

Análisis político

La estrategia política observada es un ejercicio de control de daños por parte del oficialismo, que busca aislar la figura de Cerimedo para evitar que la crisis reputacional del consultor afecte la legitimidad de la administración actual. Al desvincularse de las operaciones digitales del pasado, el Gobierno intenta cerrar un flanco de ataque que la oposición utiliza para cuestionar la ética comunicacional de La Moneda. Por su parte, la oposición emplea una táctica de desgaste, utilizando la detención internacional de Cerimedo como un catalizador para cuestionar la transparencia de las campañas electorales previas y la actual gestión de la Secom. En este evento, el Gobierno pierde al verse obligado a dar explicaciones sobre vínculos pasados de sus asesores, lo que distrae su agenda de prioridades. La oposición gana terreno al instalar una narrativa sobre la posible existencia de 'criminales digitales' en el corazón del Estado, logrando que el debate se centre en la desinformación y la ética política. La construcción de narrativas es divergente: mientras el oficialismo presenta el caso como un asunto cerrado y ajeno a su gestión, la oposición lo enmarca como una amenaza sistémica a la democracia que requiere una investigación profunda.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, negó cualquier relación entre el Gobierno de Chile y el consultor argentino Fernando Cerimedo, actualmente detenido en Bolivia por cargos de femicidio frustrado y delitos informáticos. La controversia surge tras confirmarse la participación de Cerimedo en la campaña del Rechazo de 2022, donde coincidió con actuales funcionarios de La Moneda, como el director de la Secom, Felipe Costabal, y el jefe de asesores, Alejandro Irarrázaval. Pavez enfatizó que las cuentas de la campaña presidencial están rendidas y aprobadas, desestimando las acusaciones de nexos vigentes. La oposición ha intensificado sus acciones legales y fiscalizadoras ante la sospecha de que la estructura de bots de Cerimedo fue utilizada para influir en la política nacional. El diputado Juan Santana (PS) presentó una denuncia ante el Ministerio Público por delitos informáticos y amenazas, mientras que el diputado Gonzalo Winter (FA) ofició a la Segegob para transparentar si existen coordinaciones entre la Secom y cuentas anónimas. Estas sospechas se alimentan por la desactivación de cuentas de redes sociales afines al oficialismo tras la detención del estratega en La Paz. La excandidata presidencial Evelyn Matthei se sumó a los cuestionamientos, recordando ataques digitales sufridos durante su campaña y señalando la existencia de registros fotográficos que vinculan a Cerimedo con el equipo del actual Presidente. Matthei advirtió sobre el peligro que representan las granjas de bots para la democracia y la convivencia nacional. Por su parte, el Ejecutivo ha optado por marcar distancia, calificando el tema como una distracción frente a las prioridades ciudadanas como seguridad y economía.

Análisis político

La estrategia política observada es un ejercicio de control de daños por parte del oficialismo, que busca desvincularse de una figura internacional cuestionada para evitar la erosión de su legitimidad institucional. Mientras el Gobierno intenta encapsular el caso como un asunto del pasado, la oposición utiliza la figura de Cerimedo como un catalizador para cuestionar la ética comunicacional de la administración actual, vinculando la gestión de la Secom con prácticas de desinformación digital. En este escenario, la oposición gana terreno al instalar una narrativa de sospecha sobre la transparencia de las campañas electorales, mientras que el Gobierno pierde capital político al verse obligado a dar explicaciones sobre sus asesores. La construcción de narrativas es divergente: para el oficialismo, el caso es una distracción irrelevante; para sus adversarios, es la prueba de una maquinaria de poder que utiliza métodos ilícitos para manipular el debate público y atacar a sus críticos.