El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella expidió el Decreto 1525 de 2026, el cual modifica los protocolos de actuación de la Fuerza Pública durante las manifestaciones sociales. La normativa establece una política de cero tolerancia frente a bloqueos y actos violentos, permitiendo la intervención policial inmediata contra individuos que cometan delitos sin necesidad de agotar previamente las etapas de diálogo. El Ejecutivo sostiene que esta medida busca equilibrar el derecho a la protesta pacífica con la protección de los derechos de terceros y la movilidad ciudadana. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó preocupaciones significativas sobre el alcance de esta regulación. El organismo advirtió que definiciones amplias sobre actos de violencia y la discrecionalidad en la terminación de los diálogos podrían facilitar un uso excesivo de la fuerza policial. Según la ONU, factores como la duración de un bloqueo o pérdidas económicas no deberían justificar por sí mismos una intervención represiva, instando a mantener la protección de las manifestaciones pacíficas como objetivo principal. Diversos sectores han señalado posibles vicios de constitucionalidad, argumentando que la regulación de derechos fundamentales requiere una ley estatutaria y no un decreto reglamentario. Mientras el Gobierno defiende la necesidad de restablecer el orden público y proteger la infraestructura, críticos y expertos constitucionales advierten sobre una posible regresividad en los estándares de derechos humanos. La implementación de este decreto coincide con un ciclo de movilizaciones sindicales y opositoras que mantienen la tensión política en el país.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en la construcción de una narrativa de 'orden y autoridad' frente a la protesta social, buscando capitalizar el descontento ciudadano ante los bloqueos y la afectación de actividades productivas. Al presentar el decreto como un mecanismo de equilibrio, el Ejecutivo intenta deslegitimar las vías de hecho, posicionándose como garante de los derechos de la mayoría frente a lo que denomina 'violencia urbana'. Esta táctica busca fortalecer su base electoral mediante una postura de mano dura que prioriza la operatividad policial sobre la concertación política. En este escenario, el Gobierno gana control táctico sobre la gestión de las calles, pero pierde legitimidad ante organismos internacionales y sectores defensores de derechos humanos, quienes ven en la norma una amenaza a la libertad de expresión. La oposición y los sindicatos construyen una narrativa de 'criminalización de la protesta', utilizando las observaciones de la ONU para cuestionar la legalidad y proporcionalidad de las acciones estatales. El resultado es una polarización donde el derecho a la manifestación se convierte en un campo de batalla jurídico y simbólico, dejando al Consejo de Estado como el árbitro final sobre la validez del decreto.

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella expidió el Decreto 1525 de 2026, el cual modifica los protocolos de actuación de la Fuerza Pública durante las manifestaciones. La normativa establece una política de cero tolerancia frente a bloqueos y actos violentos, permitiendo la intervención policial inmediata contra individuos específicos sin necesidad de agotar previamente las etapas de diálogo. El Ejecutivo argumenta que esta medida busca equilibrar el derecho a la protesta pacífica con la protección de los derechos de terceros y el normal funcionamiento de las actividades productivas. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó preocupaciones sobre el alcance de esta regulación. El organismo advirtió que el decreto contiene definiciones amplias y discrecionales sobre lo que constituye un acto de violencia, lo cual podría facilitar el uso de la fuerza policial en situaciones que no necesariamente amenazan la integridad física. La ONU enfatizó que el porte de objetos o la afectación económica no deberían ser justificaciones automáticas para disolver manifestaciones pacíficas. Expertos constitucionalistas y defensores de derechos humanos han señalado posibles vicios de inconstitucionalidad en la norma, argumentando que la regulación de derechos fundamentales requiere una ley estatutaria y no un decreto reglamentario. Mientras el Gobierno sostiene que el decreto protege la movilidad y el orden público, diversos sectores sociales temen que la nueva directriz criminalice la protesta y debilite los mecanismos de mediación. La controversia surge en un contexto de movilizaciones nacionales convocadas por sindicatos y partidos de oposición.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en la imposición de un orden público estricto bajo la narrativa de 'cero tolerancia' al vandalismo, buscando capitalizar el descontento de sectores ciudadanos afectados por bloqueos y paros. Al priorizar la capacidad de respuesta policial sobre la mediación, el Ejecutivo intenta proyectar una imagen de autoridad y control, aunque esto le genera un costo político significativo al ser percibido como una regresión en las garantías democráticas y un posible exceso en sus facultades legales. El gran perdedor en este escenario es el diálogo social como herramienta de resolución de conflictos, mientras que el Gobierno gana terreno en su narrativa de seguridad frente a la oposición. Por su parte, los manifestantes y organismos internacionales construyen una narrativa de resistencia basada en la defensa de los derechos fundamentales, señalando al Ejecutivo por una supuesta extralimitación de funciones. Esta polarización refuerza la desconfianza institucional y traslada el conflicto del terreno de la calle a la arena judicial, donde el Consejo de Estado deberá dirimir la validez del decreto.

El pasado 14 de octubre, Colombia vivió su primera jornada de movilización nacional contra la administración del presidente Abelardo de la Espriella, a dos meses de su posesión. La protesta reunió a sindicatos, organizaciones indígenas, estudiantes y sectores de la oposición en diversas ciudades, quienes expresaron su rechazo a las políticas económicas, laborales y de seguridad del Ejecutivo. Entre las principales demandas destacaron las críticas al reciente Decreto de Protesta Social, los recortes presupuestarios en instituciones como el SENA y la postura del Gobierno frente a relaciones internacionales con Israel y Estados Unidos. El presidente De la Espriella calificó la jornada como mayoritariamente pacífica, reportando un 98% de tranquilidad y una asistencia de 62.000 personas. El mandatario restó importancia a la convocatoria, señalando que se trata de una "pequeña minoría" que busca impedir el progreso del país. Asimismo, el Gobierno defendió la implementación de herramientas legales como el Estatuto Antiterrorista, argumentando que son necesarias para garantizar el orden y proteger a la ciudadanía frente a lo que denominó "terrorismo urbano". La jornada estuvo marcada por una tensión latente debido a la reciente expedición del Decreto 1525 de 2026, que regula la protesta social y faculta la intervención de la fuerza pública. Mientras la oposición, liderada por figuras como el senador Iván Cepeda, denunció que la norma busca silenciar la movilización ciudadana y limitar derechos constitucionales, el Gobierno reiteró su política de "cero tolerancia" ante bloqueos o actos vandálicos. Las autoridades informaron sobre seis capturas y la intervención de la unidad antidisturbios en puntos específicos de Bogotá, Ibagué, Popayán y Medellín.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en la deslegitimación de la protesta mediante la minimización de las cifras de asistencia y la asociación de los manifestantes con el caos y el pasado político del país. Al calificar a los opositores como una "minoría" que no soporta el orden, el Ejecutivo busca consolidar una narrativa de autoridad y firmeza, utilizando el nuevo marco legal de protesta como un instrumento de control preventivo. Esta postura busca atraer a un electorado que prioriza la estabilidad y el crecimiento económico sobre la movilización social. Por otro lado, la oposición intenta capitalizar el descontento social para posicionarse como un bloque de resistencia frente a lo que denominan políticas de corte fascista. Con esta movilización, los sectores de izquierda buscan medir su capacidad de convocatoria y establecer un pulso constante en las calles y el Congreso. Mientras el Gobierno gana terreno al imponer su agenda de seguridad, la oposición pierde fuerza al no lograr una movilización masiva, lo que evidencia una fractura en la capacidad de articulación de los movimientos sociales frente a la nueva administración.

El presidente Abelardo de la Espriella firmó el Decreto 1525 de 2026, el cual establece nuevas directrices para la intervención de la Fuerza Pública durante las manifestaciones. La normativa busca equilibrar el derecho a la protesta pacífica con la protección de los derechos de terceros, prohibiendo bloqueos permanentes y actos vandálicos. El Gobierno enfatizó que, aunque el diálogo es una regla de preferencia, no constituye un requisito previo para intervenir ante hechos violentos o delitos flagrantes. La medida fue expedida un día antes de la primera jornada de movilizaciones convocada por la oposición, lo que generó críticas inmediatas de diversos sectores políticos. Congresistas y líderes sociales argumentan que el decreto es inconstitucional y regresivo, señalando que la regulación de derechos fundamentales debe realizarse mediante una ley estatutaria y no a través de un acto administrativo. Además, cuestionan la celeridad del proceso de consulta y la posible usurpación de facultades del Congreso por parte del Ejecutivo. El decreto introduce cinco niveles de actuación institucional, desde la prevención hasta el uso de la fuerza especializada, y exige la creación de corredores solidarios para misiones médicas y servicios esenciales. Asimismo, obliga a las autoridades locales a rendir cuentas sobre el uso de la fuerza y los resultados de las jornadas en un plazo máximo de 72 horas. La norma ya enfrenta demandas de nulidad ante el Consejo de Estado por parte de figuras de la oposición y constitucionalistas.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en la construcción de una narrativa de orden y autoridad, utilizando el decreto como una herramienta para deslegitimar los bloqueos viales al equipararlos con actos delictivos. Al expedir la norma horas antes de las marchas, el Ejecutivo busca marcar una línea divisoria clara entre la protesta pacífica y la violencia, intentando ganar el respaldo de sectores ciudadanos afectados por la parálisis de la movilidad y la actividad económica. En este escenario, el Gobierno gana capacidad de maniobra operativa para la Fuerza Pública, pero pierde capital político ante la oposición, que capitaliza el descontento bajo la bandera de la defensa de los derechos constitucionales. La narrativa de la oposición se construye sobre la idea de un Ejecutivo autoritario que ignora la separación de poderes, mientras que el Gobierno se posiciona como el garante de la libertad de circulación y el orden público, trasladando el conflicto al terreno jurídico donde el Consejo de Estado deberá dirimir la validez de la medida.