La Misión Internacional Independiente de la ONU presentó un informe señalando que, a pesar de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, las estructuras estatales responsables de violaciones a los derechos humanos siguen vigentes. El organismo reconoció una disminución en las detenciones prolongadas y desapariciones forzadas, además de la liberación de cientos de presos políticos. Sin embargo, enfatizó que estos cambios son parciales, reversibles y no representan una transformación institucional profunda. El documento detalla que funcionarios señalados por crímenes de lesa humanidad mantienen cargos estratégicos dentro del gobierno interino de Delcy Rodríguez. La misión documentó 64 nuevos casos de tortura ocurridos después de enero, incluyendo el uso de confinamientos subterráneos y tratos degradantes en centros de detención. Asimismo, advirtió que los grupos conocidos como colectivos continúan operando como un componente central del aparato represivo estatal sin que se hayan tomado medidas para su desmantelamiento. La situación política se complica con el dilema de la líder opositora María Corina Machado sobre su retorno al país, en medio de una caída en su popularidad y la falta de inclusión de su movimiento en las conversaciones internacionales. Mientras el gobierno estadounidense mantiene su postura sobre el PSUV, la ONU instó a la comunidad internacional a presionar por una justicia transicional real. La falta de cambios estructurales en el sistema judicial y de seguridad mantiene el escenario de incertidumbre sobre el futuro democrático de Venezuela.

Análisis político

La estrategia política observada es una de contención y supervivencia por parte del PSUV, que busca legitimar su permanencia tras la salida de Maduro mediante concesiones cosméticas para reducir la presión internacional. Por otro lado, la oposición enfrenta una crisis de narrativa al perder el impulso inicial tras el cambio de mando, lo que se refleja en la caída de la aprobación de Machado ante la falta de resultados tangibles y la incertidumbre sobre su retorno. El gran perdedor es la sociedad civil venezolana, que sigue sujeta a un aparato represivo que, aunque menos visible en sus formas más extremas, mantiene intacta su capacidad de coacción. El gobierno interino gana tiempo al evitar una ruptura total del sistema, mientras que la comunidad internacional se debate entre la cautela diplomática y la exigencia de reformas institucionales profundas que, hasta el momento, no se han materializado.