El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible revocó la Resolución 0961 de 2026, la cual había sido expedida por la administración anterior apenas tres días antes de finalizar su mandato. Esta norma buscaba declarar el bioma amazónico como reserva definitiva, prohibiendo nuevas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos y minerales en más de 483.000 kilómetros cuadrados. La actual cartera ambiental justificó la medida argumentando que la resolución original presentaba vicios de procedimiento al no haber culminado la consulta previa con comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, defendió la decisión señalando que la normativa anterior generaba incertidumbre económica y territorial sin ofrecer alternativas reales de desarrollo para los habitantes de la región. Según el funcionario, la protección de la selva no puede depender únicamente de resoluciones administrativas, sino que requiere presencia institucional, seguridad y control territorial frente a economías criminales. El Ministerio enfatizó que la revocatoria no implica un abandono de la Amazonía, ya que permanecen vigentes otras leyes, reservas forestales y fallos judiciales que protegen el ecosistema. La exministra Irene Vélez cuestionó duramente la medida, calificándola como un retroceso en la protección ambiental y advirtiendo sobre posibles intereses en la explotación de tierras raras. Por su parte, expertos han señalado que la resolución revocada también presentaba debilidades técnicas, como la falta de firma del Ministerio de Minas y la ambigüedad en la definición de recursos naturales. La revocatoria deja en una situación de incertidumbre jurídica proyectos mineros que se encontraban en fase de exploración, como el caso de Libero Cobre en el piedemonte amazónico.

Análisis político

La estrategia del actual Gobierno se centra en desmantelar el legado normativo de la administración anterior bajo el argumento de la seguridad jurídica y la participación ciudadana. Al invocar la falta de consulta previa, el Ejecutivo busca legitimar la revocatoria ante la opinión pública, presentándola como un acto de respeto a los derechos de las comunidades étnicas y una corrección de errores procedimentales cometidos por el gobierno saliente. En este escenario, el Gobierno gana margen de maniobra para redefinir la política extractiva en la Amazonía, mientras que la oposición pierde una de sus banderas ambientales más emblemáticas. La narrativa se construye mediante una polarización entre la visión de 'protección por decreto' atribuida al gobierno anterior y la visión de 'presencia institucional y desarrollo sostenible' que propone la actual administración, dejando a las comunidades locales en el centro de una disputa por la legitimidad de la gestión territorial.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible anuló la Resolución 0961 de 2026, la cual había sido expedida por la administración anterior apenas tres días antes de finalizar su mandato. Esta norma buscaba declarar el bioma amazónico como reserva definitiva, prohibiendo nuevas concesiones mineras y de hidrocarburos en más de 483.000 kilómetros cuadrados. La actual cartera ministerial justificó la medida argumentando vicios de procedimiento, específicamente la falta de culminación de la consulta previa con comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. El ministro Fabio Arjona calificó la resolución original como una medida apresurada que generaba incertidumbre económica y territorial sin ofrecer alternativas productivas sostenibles para los habitantes de la región. Según el funcionario, la protección efectiva de la selva no puede depender únicamente de actos administrativos, sino que requiere presencia institucional, seguridad y control territorial. La administración actual sostiene que la deforestación y la minería ilegal se expandieron durante el gobierno previo, por lo que se necesita un enfoque integral para combatir estas economías criminales. La revocatoria no implica, según el Ministerio, un desamparo legal para la Amazonía, ya que permanecen vigentes otras herramientas de protección. Entre estas se destacan la Ley 2.ª de 1959 sobre reservas forestales, la Ley de Delitos Ambientales y los fallos de la Corte Suprema que reconocen al bioma como sujeto de derechos. El Gobierno Nacional indicó que futuras acciones de protección se realizarán una vez se agoten los procesos de consulta previa y las valoraciones técnicas y jurídicas necesarias.

Análisis político

La estrategia del actual gobierno se centra en desmantelar el legado normativo de la administración anterior bajo el argumento de la seguridad jurídica y la participación ciudadana. Al invocar la falta de consulta previa, el Ejecutivo utiliza un mecanismo garantista para revertir una política ambiental restrictiva, trasladando la responsabilidad de la protección ambiental hacia un modelo de control territorial y presencia estatal, distanciándose de la narrativa de prohibiciones administrativas que caracterizó al gobierno de Gustavo Petro. En este escenario, el gobierno de De la Espriella gana margen de maniobra para gestionar proyectos extractivos y de infraestructura, mientras que el sector ambientalista y la administración saliente pierden un instrumento de blindaje territorial. La narrativa se construye mediante un contraste claro: el gobierno actual se presenta como pragmático y respetuoso de los procedimientos legales, mientras etiqueta las acciones de su predecesor como improvisadas y generadoras de incertidumbre, buscando legitimar su propia agenda de desarrollo sostenible frente a la visión de conservación estricta del pasado.