Octubre de 2026 se ha consolidado como el mes más lluvioso en la historia de Santiago, acumulando 108 milímetros de agua y superando registros previos de 1987. Este fenómeno, impulsado por un evento extraordinario de El Niño y el cambio climático, ha provocado tormentas convectivas severas, granizos, inundaciones y un tornado en la Región Metropolitana. Las autoridades y expertos mantienen la vigilancia ante la llegada de nuevos sistemas frontales y ríos atmosféricos que continuarán afectando la zona central del país. El director del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), Roberto Rondanelli, ha calificado estos eventos como un cambio de régimen climático que requiere una adaptación estructural a largo plazo. El especialista descartó teorías conspirativas sobre manipulación climática y enfatizó que la severidad de las tormentas es una manifestación directa del calentamiento global. Asimismo, advirtió que Chile presenta un rezago significativo en sistemas de alerta temprana, radares y personal especializado para enfrentar estos fenómenos extremos. La Dirección Meteorológica de Chile y diversos expertos proyectan que la inestabilidad atmosférica persistirá durante las próximas semanas, con posibles picos de intensidad hacia diciembre. Ante la saturación de los suelos y los antecedentes de aluviones recientes, se ha mantenido la Alerta Amarilla en la Región Metropolitana. La población ha sido instada a extremar precauciones, especialmente en zonas precordilleranas, mientras los modelos meteorológicos anticipan la continuidad de precipitaciones hasta el otoño del próximo año.

Análisis político

La estrategia política observada se centra en la gestión de la crisis climática como un desafío de infraestructura y prevención, donde el Gobierno busca coordinar recursos a través de Senapred para mitigar el impacto de eventos extremos. Se observa una tensión entre la necesidad de una respuesta técnica eficiente y la presión social por la falta de sistemas de alerta temprana, lo que expone al Ejecutivo a críticas sobre la capacidad de respuesta del Estado ante desastres naturales recurrentes. En este escenario, los expertos científicos ganan relevancia como actores que validan la urgencia de políticas públicas de adaptación, mientras que los sectores negacionistas o quienes difunden desinformación en redes sociales pierden credibilidad ante la evidencia técnica. La narrativa se construye bajo una dicotomía: por un lado, la visión científica que advierte sobre un 'nuevo régimen climático' que exige cambios estructurales, y por otro, la gestión reactiva de las autoridades que intentan contener el malestar ciudadano ante la recurrencia de inundaciones y daños materiales.