El Ministerio de Vivienda y Urbanismo activó los llamados 2026 del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (DS27), destinando 10,7 millones de UF para intervenir 68.456 viviendas y 169 proyectos comunitarios. Esta iniciativa se enmarca en la estrategia gubernamental "Modo Empleo", proyectando la creación de cerca de 20 mil puestos de trabajo a través de obras de pequeña y mediana escala. El ministro Iván Poduje destacó que el plan busca recuperar barrios deteriorados y mejorar la habitabilidad mediante reparaciones estructurales, eficiencia energética y el recambio de techumbres de asbesto. La normativa introduce flexibilidades administrativas para acelerar la ejecución, permitiendo a los Serviu entregar anticipos de hasta el 90% del contrato y admitiendo la postulación con anteproyectos aprobados. Entre las novedades destaca la creación de una línea específica para Centros Comunitarios de Culto, permitiendo que iglesias postulen mediante organizaciones sociales para desarrollar espacios de reflexión y actividades vecinales. Esta medida responde a una demanda comunitaria que no estaba contemplada en versiones anteriores del programa. Las postulaciones se realizan a través de organizaciones vecinales y Entidades Patrocinantes, con plazos diferenciados por capítulos que se extienden hasta mediados de septiembre. Los recursos se distribuirán en diversas áreas, incluyendo el mejoramiento de condominios sociales, eficiencia energética y equipamiento comunitario como plazas y bibliotecas. La ejecución de las obras comenzará tras la publicación de la selección en el Diario Oficial, con plazos de inicio establecidos en 90 días.

Análisis político

La estrategia del Ejecutivo se centra en la reactivación económica mediante la inversión pública directa en infraestructura de escala local, buscando un impacto visible y rápido en la calidad de vida de los sectores más vulnerables. Al vincular la inversión habitacional con la creación de empleo, el Gobierno intenta capitalizar políticamente la gestión de obras que llegan directamente a los barrios, utilizando la descentralización de los proyectos como una herramienta de despliegue territorial. El Gobierno gana al posicionarse como un facilitador de soluciones concretas para demandas históricas, como la reparación de condominios sociales y la inclusión de espacios de culto, lo que le permite ampliar su base de apoyo en organizaciones sociales. Por su parte, la oposición podría cuestionar la flexibilización de los procesos de licitación y el uso de anticipos presupuestarios, construyendo una narrativa centrada en los riesgos de fiscalización y la eficiencia en el gasto de los recursos públicos.