El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, respondió formalmente a la Comisión Séptima del Senado sobre su estadía en Santa Marta entre el 15 y el 17 de agosto, días posteriores al terremoto del 10 de agosto. El funcionario detalló que su desplazamiento no constituyó una ausencia laboral, argumentando que las funciones de dirección y toma de decisiones pueden ejercerse de manera remota. Según el informe, el presidente Abelardo de la Espriella fue informado del viaje, aunque no existe copia oficial de dicha comunicación. La cartera ministerial precisó que durante los tres días de permanencia en la capital del Magdalena, el ministro participó en una reunión virtual de una hora con sus viceministros el lunes 17 de agosto. En dicho encuentro se evaluaron resultados de la semana anterior y se preparó una mesa técnica para la jornada siguiente. El Ministerio enfatizó que no existe una disposición interna que obligue al titular de la cartera a permanecer físicamente en Bogotá durante una emergencia nacional. El documento también reveló que el traslado y la estadía del esquema de seguridad del ministro durante el viaje tuvieron un costo de 14.397.280 pesos. Esta respuesta se produce en medio de la tramitación de una moción de censura presentada por el Pacto Histórico, partido de oposición que cuestiona la pertinencia de su presencia en una zona turística mientras el país atendía la crisis humanitaria. El Congreso mantiene el debate abierto sobre la gestión del funcionario durante la emergencia.

Análisis político

La estrategia del ministro Beltrán se centra en la tecnificación de su defensa, desvinculando la presencia física de la eficacia administrativa para normalizar su actuación bajo el argumento de la disponibilidad permanente. Al invocar la falta de protocolos que exijan presencialidad, el funcionario intenta trasladar el debate del terreno ético y político hacia uno estrictamente normativo, buscando invalidar la moción de censura mediante la demostración de que el Ministerio no dejó de operar. En este escenario, el Gobierno y el ministro pierden capital político al quedar expuestos a una narrativa de desconexión con la crisis humanitaria, mientras que la oposición capitaliza el descontento social para desgastar la imagen del gabinete. La construcción de narrativas es divergente: mientras el Ejecutivo insiste en la continuidad operativa y la legalidad del viaje, la oposición posiciona el relato de la indolencia, utilizando el costo del esquema de seguridad como un símbolo de privilegio frente a las víctimas del terremoto.