La ministra de Salud, May Chomali, presentó el Plan de Inversiones Oncológicas 2026-2030, una estrategia que contempla 29 proyectos de infraestructura y equipamiento con una inversión estimada de 835 millones de dólares. El objetivo central es descentralizar la atención oncológica para que los pacientes reciban tratamientos de alta complejidad, como radioterapia y diagnóstico avanzado, en sus propias regiones. La iniciativa busca revertir la actual concentración de recursos en la Región Metropolitana y reducir la necesidad de traslados de pacientes. La implementación del plan requiere una priorización estricta de la cartera de proyectos del Ministerio de Salud, que actualmente suma 1.464 iniciativas valoradas en 19 billones de pesos. La ministra Chomali advirtió que los recursos para 2026 y 2027 están comprometidos por obras de arrastre, por lo que la viabilidad de los nuevos proyectos depende de una gestión financiera creativa y de la negociación presupuestaria. El subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, destacó que el cáncer se perfila como la futura primera causa de muerte en el país, justificando la urgencia de estas inversiones. En el marco de esta presentación, la ministra Chomali solicitó formalmente al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, un aumento presupuestario de entre el 4,5% y el 5% para la cartera en 2027. La autoridad enfatizó que este incremento es necesario para cumplir con los compromisos de largo plazo y evitar la acumulación de deudas hospitalarias. Representantes de fundaciones oncológicas y el Colegio Médico valoraron el anuncio, aunque este último instó a fortalecer también las políticas de prevención ambiental.

Análisis político

La estrategia del Ministerio de Salud revela una táctica de presión política directa hacia el Ministerio de Hacienda, utilizando la alta sensibilidad social del cáncer para blindar sus demandas presupuestarias. Al calificar el plan como una prioridad gubernamental y exponer públicamente la inviabilidad de la cartera de proyectos heredada, la ministra Chomali busca trasladar la responsabilidad de un eventual déficit o retraso hacia la gestión financiera central, posicionándose como una gestora que prioriza la eficiencia y la descentralización. En este escenario, el Gobierno gana legitimidad al abordar una demanda ciudadana crítica, mientras que el ministro de Hacienda se enfrenta al costo político de limitar recursos para una causa de alta prioridad pública. La narrativa se construye mediante un contraste entre la 'herencia' de proyectos inmanejables y la 'creatividad' de la actual administración, permitiendo al Ejecutivo capitalizar políticamente el anuncio mientras mantiene una postura de apertura al diálogo presupuestario ante la opinión pública.