Ministro de Justicia identifica doce casos de personas erróneamente inscritas como detenidos desaparecidos
Resumen
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, informó que tras la confirmación de que Bernarda Vera, quien figuraba como detenida desaparecida, reside en Argentina, se detectaron otros 11 casos con irregularidades en las nóminas oficiales. El secretario de Estado anunció el fortalecimiento del Plan Nacional de Búsqueda para revisar la trazabilidad histórica de los registros y descartar nuevos errores. Además, el Ejecutivo instruyó un sumario administrativo y solicitó al Consejo de Defensa del Estado evaluar la restitución de pensiones de reparación pagadas indebidamente.
La autoridad cuestionó duramente a la administración anterior, señalando que la Subsecretaría de Derechos Humanos mantuvo información sobre el caso Vera durante 15 meses sin comunicarla oportunamente al ministro en visita Álvaro Mesa. Rabat calificó esta demora como grave y defendió la necesidad de auditar los listados para garantizar la veracidad de las calificaciones de víctimas. El Gobierno sostiene que estas acciones son fundamentales para eliminar dudas sobre la integridad de los procesos de búsqueda.
El exministro Jaime Gajardo refutó las acusaciones, asegurando que la investigación se inició en 2024 gracias al trabajo del Plan Nacional de Búsqueda y que los antecedentes fueron entregados al Poder Judicial en los plazos correspondientes. Gajardo acusó a Rabat de desconocimiento técnico y de intentar capitalizar políticamente una investigación judicial reservada. El exsecretario de Estado advirtió que estas declaraciones dañan la legitimidad de los esfuerzos históricos por la verdad y la justicia en Chile.
Análisis Político
El evento revela una estrategia gubernamental orientada a cuestionar la gestión de la administración anterior en materia de derechos humanos, utilizando el caso de Bernarda Vera como un punto de inflexión para auditar y eventualmente modificar la estructura del INDH y el Plan de Búsqueda. Al vincular el error administrativo con la necesidad de una reforma institucional, el Ejecutivo busca desplazar el foco desde la política de memoria hacia una narrativa de eficiencia y fiscalización de recursos públicos.
En este conflicto, el Gobierno actual gana terreno al instalar una agenda de revisión de nóminas que resuena en sectores críticos de las políticas de reparación, mientras que el exministro Gajardo y la oposición pierden capacidad de control sobre la narrativa histórica al verse obligados a defender la rigurosidad de los procesos previos. La construcción de relatos es divergente: mientras el oficialismo presenta el hallazgo como un éxito de gestión y transparencia, la oposición lo interpreta como un uso ideológico de una causa judicial para deslegitimar el trabajo de años en derechos humanos.
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