Ministro de Justicia enfrenta cuestionamientos por rebajas de penas a agresores sexuales
Resumen
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, se encuentra bajo escrutinio tras revelarse que su cartera concedió rebajas de condena a 56 agresores sexuales de menores, a pesar de haber rechazado inicialmente al menos nueve casos similares. El secretario de Estado argumentó ante la Cámara de Diputados que su ministerio estaba obligado por ley a ratificar las decisiones de las comisiones evaluadoras, calificando el proceso como un trámite administrativo automático. Sin embargo, registros judiciales demuestran que el Ejecutivo tenía la facultad de oponerse y que, en varios casos, los tribunales respaldaron la negativa del ministerio a otorgar dichos beneficios.
La controversia se intensificó al conocerse que el ministerio ignoró advertencias de sus propias oficinas regionales sobre la improcedencia legal de estas rebajas. Documentos internos revelan que, entre marzo y septiembre de 2026, la cartera aprobó 11 solicitudes que habían sido cuestionadas por las seremis, mientras que rechazó otras 22 que contaban con visto bueno regional. Esta disparidad en el criterio aplicado ha generado dudas sobre la consistencia de la gestión ministerial y la interpretación de la reforma legal de 2022, que excluye a este tipo de condenados de beneficios carcelarios.
Como consecuencia inmediata, el ministro enfrenta una acusación constitucional impulsada por la oposición y una investigación penal abierta por la Fiscalía Centro Norte por el presunto delito de prevaricación. El presidente José Antonio Kast ha mantenido su respaldo al titular de Justicia, mientras el Congreso se prepara para una votación decisiva. La situación ha puesto en el centro del debate la autonomía del Ejecutivo frente a las comisiones técnicas y la protección de las víctimas de delitos sexuales.
Análisis Político
La estrategia del Gobierno se ha centrado en deslindar responsabilidades administrativas, argumentando una supuesta obligatoriedad legal para evitar el costo político de una decisión discrecional. Esta narrativa busca trasladar la carga de la responsabilidad hacia las comisiones técnicas y la interpretación de la irretroactividad de la ley, intentando blindar al ministro frente a la acusación constitucional. Por su parte, la oposición utiliza los fallos judiciales que contradicen al Ejecutivo para construir una narrativa de negligencia y falta de probidad, buscando capitalizar el descontento social ante la liberación de agresores de menores.
En este escenario, el Gobierno pierde capital político al quedar expuesto por la contradicción entre sus argumentos públicos y la evidencia judicial, lo que debilita su autoridad en temas de seguridad. El ministro Rabat es el principal afectado, cuya permanencia depende ahora de una votación parlamentaria ajustada. Por otro lado, la oposición gana terreno al posicionarse como defensora de la legalidad y de los derechos de las víctimas, logrando que actores políticos indecisos deban definir su postura en un contexto de alta sensibilidad pública.
Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente
Sesgo mediático
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