El ministro de Justicia, Fernando Rabat, anunció la presentación de una querella criminal contra el diputado del Frente Amplio, Jaime Bassa, tras las graves acusaciones emitidas por el parlamentario. Bassa vinculó la firma de decretos que rebajan penas a condenados por delitos sexuales contra menores con la existencia de una supuesta red de pedofilia internacional. El secretario de Estado calificó los dichos como lamentables y señaló que afectan directamente su honra y la institucionalidad del cargo. La controversia se originó luego de que el diputado cuestionara la continuidad del ministro y comparara la gestión gubernamental con figuras internacionales vinculadas a casos de abuso. Ante estas declaraciones, diversos parlamentarios del oficialismo, incluyendo miembros de la UDI y el Partido Republicano, anunciaron que llevarán al legislador a la Comisión de Ética de la Cámara. Los representantes oficialistas exigieron que Bassa presente ante la Fiscalía cualquier antecedente que sustente sus afirmaciones, calificando su actuar como irresponsable y carente de pruebas. El diputado Bassa mantuvo sus declaraciones y respondió que la querella es una estrategia del ministro para desviar la atención de su responsabilidad política en la liberación de condenados. Por su parte, la presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, evitó profundizar en la acción judicial y enfatizó que la prioridad debe ser la protección de las víctimas. El ministro Rabat, mientras tanto, desestimó la posibilidad de una acusación constitucional en su contra y reafirmó su tranquilidad respecto a su gestión.

Análisis político

La estrategia política observada refleja una polarización extrema donde el debate sobre políticas públicas, como la rebaja de penas, se desplaza hacia la deslegitimación moral del adversario. El oficialismo utiliza la vía judicial y ética para contener el costo reputacional de la medida, mientras que la oposición radicaliza su discurso para erosionar la confianza en el Ejecutivo, buscando transformar una crisis administrativa en un conflicto de valores éticos fundamentales. En este evento, el ministro Rabat busca recuperar el control de la narrativa al posicionarse como un defensor de la institucionalidad frente a lo que califica como calumnias, intentando frenar la escalada de la crisis. Por otro lado, el diputado Bassa gana visibilidad mediática al instalar un relato de denuncia contra una supuesta élite corrupta, aunque pierde capital político ante sectores moderados que exigen mayor rigor y pruebas en acusaciones de tal gravedad. La construcción de narrativas opuestas —una centrada en el respeto a la ley y otra en la denuncia de una red de impunidad— evidencia la fractura en el diálogo político chileno.