El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, compareció ante el Congreso para responder por los bombardeos realizados en el Guaviare, los cuales resultaron en la muerte de menores de edad. La bancada del Pacto Histórico promovió una moción de censura argumentando que el Estado debe proteger a los menores reclutados por grupos armados en lugar de incluirlos en operaciones de ataque. El funcionario defendió la legalidad de las acciones bajo el Derecho Internacional Humanitario y sostuvo que las operaciones fueron planeadas con inteligencia previa para evitar ataques contra la población civil.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en presentar las operaciones militares como un deber constitucional ineludible frente a la expansión de grupos armados, utilizando la narrativa de la 'acción frente a la omisión' para justificar el uso de la fuerza. Por su parte, la oposición busca capitalizar el costo humanitario de los bombardeos para desgastar la imagen del gabinete, posicionando el debate en la protección de derechos humanos y la responsabilidad política del mando militar. En este escenario, el Gobierno parece mantener el control legislativo, ya que las mayorías parlamentarias respaldan la gestión del ministro, lo que sugiere que la moción de censura no prosperará. El gran perdedor en términos de imagen es el Ministerio de Defensa, que debe enfrentar un escrutinio constante sobre sus métodos operativos, mientras que el Pacto Histórico logra visibilizar sus críticas a la política de seguridad, aunque sin lograr un impacto real en la permanencia del funcionario en su cargo.