La ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, anunció ante el Congreso que las tarifas de energía eléctrica en Colombia deberán aumentar debido a la crisis del sistema eléctrico. La funcionaria explicó que la disminución de los niveles en los embalses, provocada por el fenómeno de El Niño, obliga a recurrir a plantas térmicas que operan con gas, cuyo costo de generación es significativamente más elevado. Esta situación se ve agravada por los altos precios del gas en el mercado internacional y la necesidad de realizar mantenimientos operativos en las plantas durante la temporada de sequía. Durante el debate sobre el presupuesto del sector para 2027, Arboleda señaló que los recursos hídricos actuales no serán suficientes para cubrir la demanda nacional. La ministra cuestionó la sostenibilidad de exigir a las empresas generadoras que asuman pérdidas cuando los costos de producción superan ampliamente la tarifa reconocida. Además, advirtió que el presupuesto solicitado presenta un déficit de 4,574 billones de pesos para cubrir los subsidios de electricidad, lo que añade presión financiera al sector. Expertos y gremios como Andesco han respaldado la preocupación sobre la brecha entre la oferta y la demanda, mientras el Gobierno ha implementado medidas de ahorro energético para mitigar el riesgo de desabastecimiento. Aunque no se han definido porcentajes ni fechas exactas para el incremento, la ministra enfatizó que el ajuste es inevitable ante la magnitud del fenómeno climático. El Gobierno continúa revisando alternativas presupuestales para garantizar la estabilidad del servicio en los próximos meses.

Análisis político

La estrategia política de la ministra Arboleda se centra en la pedagogía de la realidad y la transferencia de responsabilidad hacia factores externos como el clima y el mercado internacional. Al declarar abiertamente que la tarifa debe subir, el Gobierno busca evitar el costo político de un posible racionamiento, prefiriendo un ajuste tarifario que, aunque impopular, garantice la continuidad del servicio y la viabilidad financiera de las empresas generadoras. En este escenario, el Gobierno pierde capital político al admitir la insuficiencia de recursos para subsidios y la vulnerabilidad del sistema, mientras que los gremios del sector energético ganan legitimidad al ver validadas sus advertencias sobre la insostenibilidad de los costos. La narrativa oficial se construye bajo la premisa de la transparencia ante una crisis climática inminente, intentando desmarcarse de la gestión previa del sector, mientras la oposición y los usuarios se posicionan como los principales afectados por el impacto directo en el costo de vida.