El Ministerio del Trabajo publicó ocho proyectos de decreto destinados a modificar o derogar normativas laborales implementadas durante la administración de Gustavo Petro. La ministra Natalia López Fuentes argumentó que esta revisión busca corregir disposiciones que excedían las facultades reglamentarias del Gobierno, presentaban errores técnicos o imponían sanciones superiores a las permitidas por la ley. La entidad enfatizó que estos ajustes no eliminan derechos laborales ni alteran la Ley 2466 de 2025, sino que pretenden fortalecer la seguridad jurídica de la reglamentación vigente. Las propuestas abarcan temas sensibles como la tercerización ilegal, los pactos colectivos, la inspección laboral, el acoso laboral y la seguridad social de los repartidores de plataformas digitales. El Ministerio señaló que varios de estos decretos ya enfrentaban demandas ante el Consejo de Estado o contenían normas previamente anuladas por dicha instancia judicial. El objetivo declarado es alinear la reglamentación con el marco legal colombiano para evitar futuras controversias y garantizar la estabilidad de las normas. El proceso de revisión incluyó sesiones con la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales y reuniones con organizaciones como la CUT, la CGT, la CTC, la ANDI y Fenalco. Actualmente, los borradores se encuentran abiertos a comentarios de la ciudadanía, gremios y sindicatos hasta el 9 de noviembre de 2026. Tras este periodo, el Ministerio analizará las observaciones recibidas antes de tomar una decisión definitiva sobre la expedición de los nuevos textos.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en la depuración normativa para blindar la reforma laboral vigente frente a posibles fallos judiciales, utilizando el argumento de la seguridad jurídica como eje central. Al desmarcarse de las disposiciones del gobierno anterior, la administración actual busca corregir excesos administrativos que, según su análisis, ponían en riesgo la viabilidad de las normas. Esta táctica permite al Ejecutivo presentarse como un gestor técnico y responsable que prioriza la legalidad sobre la ideología, intentando reducir la vulnerabilidad de sus políticas ante el Consejo de Estado. El Gobierno gana legitimidad técnica al corregir errores de forma y fondo, pero pierde respaldo político entre las centrales obreras, que perciben estos cambios como un desmonte de conquistas sociales. Se observa una construcción de narrativas divergentes: mientras el Ministerio defiende el ajuste como una forma de dar una base sólida a los derechos laborales que nadie pueda tumbar, los sindicatos interpretan la medida como un retroceso en la concertación social. Este conflicto pone de relieve la tensión entre la eficiencia jurídica que busca el Ejecutivo y la defensa de los logros alcanzados por los trabajadores durante el periodo anterior.