El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, denunció ante la Fiscalía General de la Nación presuntas irregularidades en 148 contratos del Fondo Nacional de Turismo (Fontur). Estos convenios, que suman más de 125.000 millones de pesos, fueron suscritos durante los cuatro días previos a la entrada en vigor de la Ley de Garantías en la administración del expresidente Gustavo Petro. El Ministerio señaló que más de 100.000 millones de pesos fueron comprometidos en apenas dos días, lo cual generó alertas sobre la celeridad y transparencia del proceso. La auditoría realizada por la actual cartera de Comercio identificó posibles incumplimientos de requisitos legales, así como presuntas falsedades en documentos, fechas y firmas. Además de la denuncia penal, el Gobierno anunció que trasladará el expediente a la Contraloría y a la Procuraduría para que se adelanten las investigaciones fiscales y disciplinarias correspondientes. El ministro Gómez Amín cuestionó el destino de estos recursos y calificó la gestión contractual del gobierno anterior como una práctica irregular que afectó el patrimonio público. Este evento se enmarca en una serie de señalamientos del actual Gobierno sobre la gestión del sector turístico durante el periodo anterior. El ministro también ha cuestionado la veracidad de las cifras de visitantes reportadas previamente, alegando que los datos oficiales estaban inflados mientras el gasto en promoción internacional aumentaba. Por su parte, la exministra de Comercio, Diana Morales, rechazó estos señalamientos y defendió la procedencia oficial de las estadísticas presentadas durante su gestión.

Análisis político

La estrategia política del actual Gobierno se centra en la construcción de una narrativa de 'crisis fiscal' y 'corrupción' heredada, utilizando las denuncias penales como herramienta para deslegitimar la administración anterior. Al vincular la contratación masiva con la Ley de Garantías, el Ejecutivo busca posicionarse como un garante de la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos, diferenciándose explícitamente de las prácticas del gobierno de Gustavo Petro. En este escenario, el Gobierno actual gana capital político al presentarse como el ente fiscalizador que destapa presuntos malos manejos, mientras que el sector político afín al expresidente Petro pierde credibilidad ante la opinión pública al ser cuestionado por la legalidad de sus actos administrativos. La confrontación se agudiza mediante el uso de etiquetas institucionales y la contraposición de cifras, donde cada bando intenta controlar la narrativa sobre el estado real del sector turístico y la honestidad de la gestión pública.