Cuatro magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia remitieron a la Comisión de Acusación y a la Procuraduría un memorial de la defensa de la senadora Martha Peralta. El documento cuestiona presuntas irregularidades en el proceso que lidera la magistrada Cristina Lombana, específicamente sobre el uso de medidas coercitivas y la posible vulneración del debido proceso. Los magistrados firmantes, Francisco Farfán, Marco Antonio Rueda, César Reyes y Misael Rodríguez, solicitaron evaluar si estas actuaciones ameritan una investigación penal o disciplinaria. La magistrada Lombana rechazó los señalamientos y defendió la legalidad de sus decisiones, asegurando que fueron avaladas por jueces constitucionales. En su pronunciamiento, denunció ser víctima de ataques reiterados por parte de sus colegas hombres, quienes, según afirmó, han votado en bloque para apartarla de expedientes sensibles. La togada sostuvo que su actuación se ha ajustado estrictamente a la ley y que no ha cedido ante presiones externas durante su periodo en el alto tribunal. Este evento evidencia una fractura interna en la Sala de Instrucción, exacerbada por el contexto del caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Mientras la defensa de Peralta alega falta de garantías, el expresidente Gustavo Petro calificó la actuación de la magistrada como una persecución política. La Comisión de Acusación y la Procuraduría deberán determinar ahora si existen méritos para iniciar una investigación formal contra la magistrada.

Análisis político

La estrategia de los cuatro magistrados busca blindar la legitimidad del proceso contra la senadora Peralta ante posibles nulidades futuras, trasladando la responsabilidad de evaluar las actuaciones de Lombana a órganos externos. Por su parte, la magistrada Lombana utiliza una narrativa de victimización y resistencia, enmarcando las críticas técnicas como ataques de género y persecución política por parte de sus colegas, lo cual le permite desviar el foco de las dudas procesales hacia una supuesta conspiración interna. En este escenario, la institucionalidad de la Corte Suprema pierde credibilidad ante la opinión pública al exponer sus disputas internas, mientras que la senadora Peralta y sus aliados políticos ganan un argumento para cuestionar la imparcialidad de la investigación en su contra. La narrativa de Lombana, al apelar a la independencia judicial frente a presiones, busca cerrar su ciclo en la Corte con un discurso de integridad, aunque la división interna deja un precedente de inestabilidad en la Sala de Instrucción.

Cuatro magistrados de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia remitieron a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara y a la Procuraduría un memorial presentado por la defensa de la senadora Martha Peralta. El documento cuestiona las actuaciones de la magistrada Cristina Lombana en el proceso que se sigue contra la congresista por el caso de la UNGRD. Los magistrados Francisco Farfán, Marco Antonio Rueda, César Reyes y Misael Rodríguez advirtieron sobre posibles irregularidades en el ejercicio de competencias coercitivas y afectaciones al debido proceso. La defensa de la senadora Peralta argumenta que la detención preventiva impuesta por Lombana fue desproporcionada y debió ser una decisión colegiada de la Sala y no una medida individual. El abogado defensor sostiene que la congresista no contó con tiempo suficiente para preparar su defensa ante los testimonios presentados en su contra. Por su parte, la magistrada Lombana defendió la legalidad de sus actuaciones, asegurando que fueron avaladas por jueces constitucionales y que se ajustan estrictamente a la ley. Este evento ocurre en medio de una fractura interna de ocho años en la Sala de Instrucción, caracterizada por quejas mutuas y disputas entre sus integrantes. Lombana denunció ser víctima de ataques sistemáticos y persecución por razones de género, señalando que cuatro de sus colegas han votado en bloque para apartarla de expedientes sensibles. La Comisión de Acusación deberá determinar ahora si existen méritos para iniciar una investigación formal contra la magistrada, quien finalizará su periodo constitucional en octubre.

Análisis político

La estrategia observada es una judicialización de las diferencias internas dentro de la Corte Suprema, donde los magistrados utilizan los mecanismos de control disciplinario y penal para dirimir disputas sobre la competencia y el manejo de casos de alto impacto. La construcción de narrativas es divergente: mientras los cuatro magistrados buscan proteger la integridad procesal y la colegialidad de la Sala ante posibles nulidades, Lombana se posiciona como una figura independiente que enfrenta una persecución institucional y de género, intentando capitalizar su rol como una magistrada que investiga casos incómodos para intereses poderosos. En este escenario, la institucionalidad de la Sala de Instrucción es la principal perdedora, al quedar expuesta ante la opinión pública como un cuerpo fracturado y en conflicto permanente. La magistrada Lombana gana visibilidad política al presentarse como una víctima de un bloque mayoritario, mientras que la defensa de la senadora Peralta logra trasladar el debate de la culpabilidad de su cliente hacia la legitimidad de las actuaciones judiciales, buscando invalidar el proceso mediante la denuncia de irregularidades procedimentales.