La senadora Martha Peralta se presentó ante la Corte Suprema de Justicia para una diligencia de indagatoria en el marco de la investigación por presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Su comparecencia se dio luego de que la magistrada Cristina Lomba la citara para el 18 de junio. La investigación se centra en presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio, relacionados con el presunto direccionamiento de contratos de maquinaria para la UNGRD. La senadora es señalada de haber participado en estas irregularidades. La diligencia de indagatoria es un paso crucial en el proceso judicial, donde la senadora tendrá la oportunidad de presentar su versión de los hechos y responder a las acusaciones formuladas en su contra. La Corte Suprema determinará posteriormente si existen pruebas suficientes para formular cargos formales.

Análisis político

La senadora Martha Peralta está empleando una estrategia de defensa pública que se basa en la victimización y la denuncia de persecución política. Al calificar las acusaciones como "mentiras y conjeturas" y vincularlas con su pertenencia a un "proyecto político" y su apoyo a reformas gubernamentales, busca movilizar a sus bases y generar simpatía. Esta narrativa busca desviar la atención de las acusaciones concretas sobre su presunta participación en el direccionamiento de contratos y el tráfico de influencias. Al presentarse como víctima de una campaña de desprestigio, la senadora intenta erosionar la credibilidad de la investigación y de las pruebas en su contra, apelando a un supuesto trasfondo político en la investigación. La efectividad de esta estrategia dependerá de la solidez de las pruebas que presente la Fiscalía y de la percepción pública sobre la independencia de la justicia frente a presiones políticas.

La Corte Suprema de Justicia citó a la senadora Martha Peralta a indagatoria para el 18 de junio, en el marco de la investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio. La congresista es señalada de presuntamente participar en el direccionamiento de contratos de maquinaria amarilla para La Guajira, relacionados con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Los señalamientos se basan en testimonios de exdirectivos de la entidad y en chats que evidenciarían su presunta responsabilidad. La investigación se centra en un contrato por aproximadamente 2.170 millones de pesos para la contratación de maquinaria amarilla y volquetas destinadas a obras en Riohacha. Según las pesquisas, Peralta habría intervenido para favorecer a contratistas específicos y presuntamente utilizó recursos de la UNGRD para organizar manifestaciones y apoyar campañas políticas. La Fiscalía también la ha mencionado como una posible "articuladora política" para asegurar votos a favor de proyectos de Gobierno. La senadora ha rechazado los señalamientos, argumentando que la investigación tiene un trasfondo político y que es víctima de una campaña de estigmatización por su respaldo a las reformas del actual gobierno. A pesar de los cuestionamientos, Peralta fue reelegida para el periodo 2026-2030. La citación a indagatoria, inicialmente programada para mayo, fue aplazada y ahora se realizará ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.

Análisis político

Se observa una estrategia de defensa por parte de la senadora Peralta, quien alega un trasfondo político en la investigación y se presenta como víctima de una campaña de desprestigio por su apoyo a las reformas gubernamentales. Esta narrativa busca desviar la atención de las acusaciones y movilizar a sus bases políticas. Por otro lado, la Corte Suprema y la Fiscalía avanzan en la recopilación de pruebas, incluyendo testimonios y chats, para establecer la presunta participación de la congresista en el direccionamiento de contratos y el uso de recursos públicos con fines políticos. La senadora Martha Peralta, al ser citada a indagatoria, se posiciona como una figura central en el escándalo de la UNGRD, lo que podría generar un desgaste político para ella y su partido, especialmente si las acusaciones se confirman. Quienes ganan con este evento son los sectores que buscan debilitar al gobierno y sus reformas, al vincular a una congresista afín a estas iniciativas con actos de corrupción. La narrativa de "persecución política" construida por la defensa busca generar solidaridad y resistencia, mientras que la evidencia presentada por la justicia busca demostrar la comisión de delitos.