La exdirectora del Dapre, Laura Sarabia, negó haber chantajeado al expresidente Gustavo Petro y rechazó las acusaciones sobre presuntos actos de corrupción en la Casa de Nariño. Sarabia cuestionó la falta de denuncias formales ante las autoridades por parte de Angie Rodríguez y Eva Ferrer, señalando que las responsabilidades son individuales y que las acusaciones mediáticas carecen de pruebas públicas. Además, desmintió haber presenciado el ingreso de bolsas de dinero al Palacio y aclaró que su relación con Verónica Alcocer fue estrictamente profesional. Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, lanzó graves señalamientos contra Sarabia, calificándola de ejercer un control excesivo sobre la agenda presidencial y de utilizar material sensible para chantajear al exmandatario. Rodríguez también denunció la existencia de un supuesto pacto de silencio entre la entonces pareja presidencial para encubrir irregularidades administrativas y nombramientos. Estas declaraciones fueron respaldadas parcialmente por los señalamientos previos de Eva Ferrer sobre la gestión de recursos y la influencia de figuras cercanas a la ex primera dama. El expresidente Gustavo Petro calificó las denuncias como una matriz de falsedad y anunció acciones judiciales para restablecer la verdad. Petro justificó la salida de Rodríguez del Gobierno argumentando desacuerdos por intereses clientelistas en el departamento del Cesar. Asimismo, instó a las personas mencionadas en las acusaciones, incluyendo a la madre de una ministra y a Verónica Alcocer, a presentar denuncias penales contra quienes considera responsables de calumnias.

Análisis político

La estrategia política de los actores involucrados se centra en la judicialización del debate público para deslegitimar las denuncias. Mientras los denunciantes utilizan los medios de comunicación para exponer presuntos excesos y redes de poder, el expresidente y Sarabia trasladan la carga de la prueba a la Fiscalía, buscando convertir el escándalo en un proceso legal donde la falta de evidencias formales debilite la credibilidad de los acusadores. En este escenario, el costo político es alto para todas las partes, ya que la narrativa de corrupción afecta la imagen del gobierno anterior, mientras que los denunciantes se exponen a posibles contrademandas por calumnia. La construcción de narrativas es divergente: por un lado, se presenta una estructura de poder opaca y chantajista, y por otro, se defiende la gestión como un blanco de ataques orquestados por sectores de la oligarquía para desprestigiar el proyecto político del exmandatario.