Abogado de Gustavo Petro denuncia penalmente al registrador Hernán Penagos por presuntas irregularidades electorales
Resumen
El abogado Alejandro Carranza, en representación del expresidente Gustavo Petro y con el respaldo del Pacto Histórico, radicó una denuncia penal contra el registrador nacional Hernán Penagos. La acción judicial, que consta de 44 páginas, señala presuntas anomalías en el manejo de los formularios E-14 y archivos digitales durante las elecciones presidenciales de 2026. Los denunciantes alegan la posible pérdida de siete millones de votos y cuestionan la integridad de los sistemas de verificación tecnológica utilizados por la entidad.
La denuncia incluye cargos por prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público, alteración de resultados electorales y daño informático, entre otros delitos. Según los demandantes, el registrador habría permitido la modificación de formularios y la eliminación de metadatos críticos, ignorando advertencias previas sobre la seguridad del sistema. El equipo legal busca que la Fiscalía General de la Nación determine si existieron responsabilidades penales por acción u omisión en la gestión del proceso electoral.
Por su parte, el registrador Hernán Penagos ha sostenido públicamente que no existen dudas sobre la transparencia de los comicios y ha defendido la legitimidad de la Registraduría. Esta denuncia se presenta en un contexto de alta tensión, tras la tutela interpuesta previamente por Penagos contra el exjefe de Estado por sus señalamientos de fraude. La disputa judicial se mantiene como un punto central de confrontación política entre el sector del Pacto Histórico y la autoridad electoral.
Análisis Político
La estrategia del Pacto Histórico se centra en la judicialización de la desconfianza electoral, utilizando la denuncia penal como una herramienta para mantener vigente la narrativa de un supuesto fraude ante la opinión pública. Al elevar el caso a la Fiscalía, el sector busca legitimar sus cuestionamientos técnicos sobre los formularios E-14 y los códigos hash, trasladando el debate del terreno político al judicial para presionar a la autoridad electoral y movilizar a sus bases en las calles.
En este escenario, el registrador Hernán Penagos se posiciona como el actor que busca blindar la institucionalidad mediante acciones legales como la tutela, intentando proteger el buen nombre de la entidad frente a lo que considera ataques infundados. El gran perdedor es la confianza ciudadana en el sistema electoral, que se ve erosionada por la polarización, mientras que ambos bandos ganan visibilidad política al consolidar sus respectivas narrativas: una que defiende la transparencia técnica y otra que insiste en la existencia de una manipulación sistémica.
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