Keralty rechaza acusaciones de genocidio lanzadas por el presidente Gustavo Petro
Resumen
El grupo empresarial Keralty respondió formalmente a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien durante la instalación del Congreso calificó a la compañía de genocida. El mandatario vinculó a la empresa con supuestos sobornos y el robo de recursos públicos destinados a la salud, argumentando que estas acciones han causado la muerte de ciudadanos. La multinacional rechazó categóricamente estos señalamientos, calificándolos de falsos, injustos y parte de una estrategia de odio y división política.
La compañía defendió su gestión frente a la intervención administrativa de la EPS Sanitas, la cual fue declarada ilegal por la Corte Constitucional en junio de 2025. Según Keralty, los fallos de las altas cortes han desmontado las medidas arbitrarias del Ejecutivo y respaldado la legalidad de su modelo de atención. La empresa enfatizó que, a pesar de las presiones y campañas de desprestigio, mantendrá su operación en el país y continuará acudiendo a instancias judiciales nacionales e internacionales para proteger su buen nombre.
Este enfrentamiento marca el cierre de una relación tensa entre el Gobierno y el sector privado de la salud durante el cuatrienio. Mientras el Ejecutivo sostiene que su reforma buscaba corregir fallas estructurales y combatir la corrupción, la empresa asegura que las políticas gubernamentales fueron improvisadas y deterioraron la prestación del servicio. La respuesta de Keralty se presenta como un balance de resistencia institucional frente a lo que denominan el grito final de un proyecto político saliente.
Análisis Político
La estrategia del Gobierno se centra en la construcción de una narrativa de confrontación ideológica, utilizando un lenguaje de alta carga emocional para estigmatizar a sus opositores y justificar sus reformas. Al etiquetar a una empresa como genocida, el mandatario busca consolidar su base electoral mediante la polarización, trasladando la responsabilidad de las fallas del sistema de salud hacia actores privados. Por su parte, Keralty emplea una estrategia de defensa institucional basada en la legitimidad judicial, buscando desvirtuar los ataques mediante la mención de fallos de las altas cortes para posicionarse como una entidad que protege la legalidad frente a la arbitrariedad estatal.
En este escenario, el Gobierno pierde capital político al quedar expuesto por decisiones judiciales que rectificaron sus actuaciones, debilitando su discurso de transformación institucional. Keralty, aunque ha sido objeto de un desgaste reputacional significativo, logra capitalizar los fallos a su favor para presentarse como un bastión de resistencia, lo que le permite mantener su legitimidad operativa ante la opinión pública. La narrativa del Ejecutivo se agota en la retórica, mientras que la empresa logra blindarse bajo el marco del Estado de derecho, dejando un precedente de confrontación que marcará la transición hacia el nuevo ciclo político.
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