El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó las solicitudes de las defensas de Mario Vargas y Eduardo Lagos para sustituir su prisión preventiva por arresto domiciliario. Ambos abogados permanecen privados de libertad desde noviembre pasado, imputados por delitos de soborno y lavado de activos en el marco de la investigación por la trama bielorrusa. La resolución judicial se produjo tras una audiencia donde los imputados buscaban modificar sus medidas cautelares, argumentando que la actual privación de libertad resulta desproporcionada en comparación con otros involucrados en la misma causa. Durante la misma jornada, Gonzalo Migueles, expareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, desistió de revisar sus propias medidas cautelares. La investigación sostiene que los abogados, en representación del consorcio Belaz Movitec, habrían realizado pagos ilícitos a Vivanco y Migueles para obtener fallos favorables en un litigio contra Codelco. Mientras la causa avanza, la exministra Vivanco declaró recientemente ante la Fiscalía, negando cualquier irregularidad o conversación sobre el litigio con los abogados y su expareja. La decisión del tribunal mantiene a Vargas y Lagos en prisión mientras el Ministerio Público continúa desarrollando las diligencias del caso. La defensa de Lagos intentó justificar su petición citando cambios de cautelares previos que beneficiaron a otros imputados, mientras que la defensa de Vargas alegó falta de antecedentes sobre una participación directa. La investigación sigue siendo uno de los procesos judiciales más relevantes de la última década en el país.

Análisis político

La estrategia de las defensas en este caso se centra en la búsqueda de una equiparación de medidas cautelares, utilizando como precedente las modificaciones otorgadas a otros imputados de alto perfil para intentar deslegitimar la proporcionalidad de la prisión preventiva. Esta táctica busca normalizar la situación procesal de los abogados, intentando desplazar el foco desde la gravedad de los delitos de cohecho y lavado de activos hacia una supuesta arbitrariedad en el trato judicial, lo cual es una maniobra común en casos de corrupción de alta complejidad para desgastar la percepción pública de la medida cautelar. En este escenario, el Ministerio Público gana terreno al mantener a los operadores clave del esquema bajo control, lo que asegura la integridad de la investigación y evita la obstrucción. Por el contrario, los imputados pierden capacidad de maniobra y ven cómo sus intentos de obtener libertad condicional son bloqueados, lo que debilita su narrativa de inocencia. La construcción de relatos es divergente: mientras la Fiscalía sostiene una tesis de corrupción sistémica y pagos millonarios, los imputados intentan reducir el caso a relaciones sociales esporádicas y falta de pruebas directas, buscando minimizar su responsabilidad individual en la trama.