La audiencia de preparación del juicio oral contra la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, fracasó nuevamente este lunes tras la inhabilitación del juez Hugo Torres. La solicitud fue presentada por la Defensoría Penal Pública, argumentando que el magistrado carecía de imparcialidad debido a resoluciones previas en la misma causa y sentencias condenatorias dictadas contra otros imputados. A pesar de la oposición de la Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado y la Municipalidad de Maipú, el juez decidió apartarse del proceso. Este evento marca la segunda suspensión consecutiva en menos de dos semanas, luego de que el pasado 7 de octubre el juez Juan Carlos Silva también se inhabilitara por vínculos de amistad con abogados defensores del esposo de la exedil, Joaquín Lavín León. La Fiscalía solicita una pena de 23 años de cárcel para Barriga por delitos de corrupción, incluyendo fraude al fisco y malversación de caudales públicos. El perjuicio fiscal estimado en la investigación supera los 31 mil millones de pesos. Tras la salida de Torres, se designó a la jueza Constanza Estay para retomar la audiencia durante la misma jornada. Mientras la defensa de la exalcaldesa sostiene su inocencia y califica el trabajo de sus abogados como potente, los querellantes han denunciado una estrategia deliberada para dilatar el inicio del juicio oral. La instancia es fundamental para determinar qué pruebas y testigos serán admitidos en el futuro juicio.

Análisis político

En el escenario judicial chileno, se observa una tensión estratégica entre la defensa, que busca maximizar el uso de recursos procesales para cuestionar la imparcialidad de los magistrados, y los querellantes, que intentan acelerar el proceso para evitar la percepción de impunidad. La inhabilitación recurrente de jueces se convierte en una herramienta de desgaste que pone a prueba la capacidad del sistema para gestionar casos de alta connotación pública sin interrupciones constantes. La narrativa de la defensa se construye sobre la idea de una persecución injusta y la necesidad de una defensa técnica robusta, mientras que los querellantes, como la Municipalidad de Maipú, utilizan el discurso de la transparencia y la celeridad para señalar tácticas dilatorias. En este conflicto, la imagen pública de la exalcaldesa se ve afectada por la prolongación de la incertidumbre judicial, mientras que el sistema de justicia pierde credibilidad ante la opinión pública al no lograr concretar una etapa procesal básica tras múltiples intentos.