Justicia archiva investigación contra el padre Francisco de Roux por presunto encubrimiento
Resumen
El Juzgado 64 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá ordenó la preclusión definitiva de la investigación contra el sacerdote Francisco de Roux. El proceso penal buscaba determinar si el religioso incurrió en el delito de encubrimiento al no denunciar ante la justicia ordinaria los abusos sexuales cometidos por el padre Darío Chavarriaga en la década de los 70. La Fiscalía General de la Nación solicitó el archivo del caso tras concluir que no existían pruebas de una conducta delictiva por parte del excomisionado de la verdad.
La decisión judicial se fundamentó en que las actuaciones de De Roux, quien conoció las denuncias en 2014, se ajustaron a los protocolos del derecho canónico vigentes en ese momento. El juez determinó que el sacerdote no tenía una posición de garante que lo obligara a actuar como investigador penal, destacando que sí activó las sanciones eclesiásticas correspondientes contra el perpetrador. El fallo subraya que no se acreditó el incumplimiento de un deber funcional que pudiera derivar en una responsabilidad penal por favorecimiento.
Tras el cierre del proceso, el padre Francisco de Roux expresó su solidaridad con las víctimas de abuso sexual y reiteró su compromiso con la reconciliación. El sacerdote manifestó que, aunque el caso penal concluyó, reconoce las expectativas de la familia denunciante y la necesidad de cambios profundos en la Iglesia frente a la pederastia. La preclusión quedó en firme al no ser impugnada por ninguna de las partes involucradas en la diligencia judicial.
Análisis Político
La estrategia de defensa se centró en la distinción técnica entre el cumplimiento de los deberes eclesiásticos y las obligaciones penales del Estado, logrando que el juez validara la actuación del sacerdote bajo el marco del derecho canónico. Esta narrativa permite al investigado desmarcarse de la responsabilidad penal sin negar la existencia de los abusos, posicionándose como un actor que actuó dentro de sus competencias institucionales, lo cual es crucial para preservar su capital político y moral tras su paso por la Comisión de la Verdad.
El resultado favorece la imagen pública de De Roux al cerrar un capítulo judicial que amenazaba su legado como figura de reconciliación nacional, mientras que las víctimas pierden la vía penal para sancionar la omisión que denunciaban. La construcción de la narrativa oficial se desplaza desde la acusación de encubrimiento hacia una interpretación de cumplimiento normativo, dejando el debate sobre la responsabilidad ética y la justicia restaurativa en un plano distinto al de la legalidad penal.
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