El Juzgado de Garantía de Coronel formalizó al alcalde Boris Chamorro, a cuatro exconcejales y a un exasesor jurídico por su presunta participación en un delito de fraude al fisco. La investigación sostiene que los imputados promovieron acuerdos judiciales en 2020 que permitieron la condonación de patentes comerciales, generando un perjuicio patrimonial al municipio superior a los 1.300 millones de pesos. La fiscalía argumenta que el alcalde y su asesor jurídico ocultaron información relevante al concejo municipal para facilitar esta decisión. Durante la audiencia, las defensas de los seis imputados solicitaron el sobreseimiento temporal de la causa, argumentando que debía resolverse primero un proceso civil paralelo iniciado por las empresas involucradas. El tribunal rechazó esta solicitud, permitiendo que la investigación penal continúe su curso. La fiscal Glenda Lagos destacó que la formalización se logró tras cuatro intentos fallidos de realizar la audiencia desde septiembre de 2025. La discusión sobre las medidas cautelares para los involucrados fue postergada para el 20 de noviembre de 2026 debido a limitaciones de agenda del tribunal. La fiscalía adelantó que solicitará medidas proporcionales a la gravedad del delito, el cual conlleva penas de privación de libertad superiores a cinco años. Este proceso judicial se suma a otra investigación por cohecho que enfrenta el jefe comunal, quien se encuentra suspendido de su militancia en el Partido Socialista.

Análisis político

La estrategia de las defensas, al intentar vincular la causa penal con un litigio civil, busca dilatar el proceso judicial para desgastar la acusación y evitar medidas cautelares gravosas. Por su parte, la Fiscalía utiliza la formalización como un mecanismo de presión política y judicial, exponiendo la gestión del alcalde ante la opinión pública y subrayando la responsabilidad de los exconcejales que validaron los acuerdos. La persistencia del Ministerio Público, tras cuatro suspensiones, refleja una intención de marcar un precedente en la fiscalización de la probidad municipal. El gran perdedor es el alcalde Boris Chamorro, cuya imagen pública se ve severamente afectada por la acumulación de causas judiciales, incluyendo el caso de cohecho por el Puerto Coronel. La narrativa de la fiscalía construye una imagen de gestión municipal opaca y perjudicial para el patrimonio público, mientras que la defensa intenta trasladar el conflicto al ámbito administrativo-civil para despolitizar el caso. La construcción de estas narrativas contrapuestas define el futuro político del edil y la percepción de corrupción en la administración local.