La senadora Martha Peralta continuará bajo detención domiciliaria tras la negativa de un hábeas corpus por parte del Juzgado 21 de Familia de Bogotá. La decisión judicial valida la orden de captura emitida por la Corte Suprema de Justicia, que la mantiene privada de la libertad para garantizar su comparecencia en la investigación por presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La congresista buscaba revocar la medida argumentando que se presentó voluntariamente y no existía riesgo de fuga. La magistrada Cristina Lombana de la Corte Suprema ordenó la detención preventiva de Peralta Epieyú, investigándola por los delitos de tráfico de influencias, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. El caso se centra en un contrato de maquinaria amarilla por más de 2.000 millones de pesos para La Guajira, donde testimonios sugieren que la senadora habría intervenido para favorecer a contratistas a cambio de apoyo en su campaña. La detención se extendió hasta el lunes 22 de junio, fecha en que se reanudará la diligencia de indagatoria. La jueza Sandra Isabel Bernal argumentó que la orden de captura fue legítima y se basó en la Ley 600 de 2000, desestimando el hábeas corpus al considerar que no se configuraban las causales de ilegalidad o prolongación ilícita de la detención. La defensa de la senadora cuestionó la decisión, mientras que la Corte Suprema defendió la medida como proporcional y necesaria para el avance del proceso judicial.

Análisis político

La estrategia de la defensa de la senadora Martha Peralta se centró en cuestionar la legalidad de la orden de captura y la privación de la libertad a través de un hábeas corpus, argumentando persecución política y falta de pruebas objetivas de riesgo de fuga. Esta táctica busca desacreditar la actuación judicial y generar un debate público sobre la proporcionalidad de la medida, especialmente al vincularla con el contexto electoral. La Corte Suprema, por su parte, se apega a los procedimientos legales establecidos, defendiendo la legitimidad de sus actuaciones y la necesidad de la medida para garantizar el curso de la investigación. La senadora Martha Peralta, como investigada, pierde en esta instancia al ver confirmada su detención y el rechazo de su recurso. La Corte Suprema de Justicia y la jueza que negó el hábeas corpus, al validar la orden de captura, fortalecen su posición y la credibilidad de sus procesos. La narrativa de la defensa se enfoca en la supuesta arbitrariedad y persecución, mientras que la narrativa judicial se centra en el cumplimiento de la ley y la necesidad de asegurar la investigación sobre presuntos actos de corrupción en la Ungrd.

La magistrada Cristina Lombana negó el recurso de habeas corpus presentado por la defensa de la senadora Martha Peralta Epieyú, dejando en firme su privación de libertad. La congresista seguirá recluida en su casa mientras avanza el proceso judicial en su contra por presuntas irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión se produce en un momento crucial para la campaña presidencial de segunda vuelta, afectando al Pacto Histórico. La senadora fue conducida a rendir indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia, donde se le investiga por ser supuesta articuladora de una estrategia para influir en votos de parlamentarios a cambio de contratos. Su defensa intentó recuperar su libertad mediante un habeas corpus, argumentando que la medida era improcedente. Sin embargo, la magistrada Lombana determinó que la congresista acudió a la jurisdicción constitucional sin agotar los mecanismos ordinarios del proceso penal. Peralta es señalada de gestionar contratos y vincular personas para fortalecer su poder político en La Guajira, y de liderar una estrategia para alinear votos en la Comisión Séptima del Senado. La Corte Suprema de Justicia la investiga por los delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio, y la medida de aseguramiento se mantendrá hasta que culmine la diligencia de indagatoria.

Análisis político

La negativa del habeas corpus y la confirmación de la medida privativa de la libertad contra la senadora Martha Peralta representan un revés jurídico y político para el Pacto Histórico en un momento sensible de la campaña presidencial. La estrategia de la defensa, al acudir directamente a la jurisdicción constitucional, buscaba una salida rápida a la situación, pero la decisión de la magistrada Lombana refuerza la postura de la Corte Suprema y subraya la importancia de seguir los cauces procesales ordinarios. La senadora, al ser una figura del partido de gobierno, se convierte en un foco de atención que puede impactar la percepción pública y la cohesión de la bancada oficialista. La narrativa construida por la defensa, que sugiere que la medida es una estrategia política orquestada en época electoral, contrasta con la argumentación judicial que enfatiza la improcedencia del habeas corpus por no agotar instancias previas. Quien gana con este evento es la justicia al reafirmar sus procedimientos, mientras que el Pacto Histórico y la campaña presidencial del candidato oficialista pierden un aliado y enfrentan un escenario de desgaste. La senadora, por su parte, se ve en una posición de debilidad jurídica y política, obligada a enfrentar el proceso desde una medida restrictiva de su libertad.

La senadora Martha Peralta se presentó ante la Corte Suprema de Justicia para una diligencia de indagatoria en el marco de la investigación por presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Su comparecencia se dio luego de que la magistrada Cristina Lomba la citara para el 18 de junio. La investigación se centra en presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio, relacionados con el presunto direccionamiento de contratos de maquinaria para la UNGRD. La senadora es señalada de haber participado en estas irregularidades. La diligencia de indagatoria es un paso crucial en el proceso judicial, donde la senadora tendrá la oportunidad de presentar su versión de los hechos y responder a las acusaciones formuladas en su contra. La Corte Suprema determinará posteriormente si existen pruebas suficientes para formular cargos formales.

Análisis político

La senadora Martha Peralta está empleando una estrategia de defensa pública que se basa en la victimización y la denuncia de persecución política. Al calificar las acusaciones como "mentiras y conjeturas" y vincularlas con su pertenencia a un "proyecto político" y su apoyo a reformas gubernamentales, busca movilizar a sus bases y generar simpatía. Esta narrativa busca desviar la atención de las acusaciones concretas sobre su presunta participación en el direccionamiento de contratos y el tráfico de influencias. Al presentarse como víctima de una campaña de desprestigio, la senadora intenta erosionar la credibilidad de la investigación y de las pruebas en su contra, apelando a un supuesto trasfondo político en la investigación. La efectividad de esta estrategia dependerá de la solidez de las pruebas que presente la Fiscalía y de la percepción pública sobre la independencia de la justicia frente a presiones políticas.

La Corte Suprema de Justicia citó a la senadora Martha Peralta a indagatoria para el 18 de junio, en el marco de la investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio. La congresista es señalada de presuntamente participar en el direccionamiento de contratos de maquinaria amarilla para La Guajira, relacionados con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Los señalamientos se basan en testimonios de exdirectivos de la entidad y en chats que evidenciarían su presunta responsabilidad. La investigación se centra en un contrato por aproximadamente 2.170 millones de pesos para la contratación de maquinaria amarilla y volquetas destinadas a obras en Riohacha. Según las pesquisas, Peralta habría intervenido para favorecer a contratistas específicos y presuntamente utilizó recursos de la UNGRD para organizar manifestaciones y apoyar campañas políticas. La Fiscalía también la ha mencionado como una posible "articuladora política" para asegurar votos a favor de proyectos de Gobierno. La senadora ha rechazado los señalamientos, argumentando que la investigación tiene un trasfondo político y que es víctima de una campaña de estigmatización por su respaldo a las reformas del actual gobierno. A pesar de los cuestionamientos, Peralta fue reelegida para el periodo 2026-2030. La citación a indagatoria, inicialmente programada para mayo, fue aplazada y ahora se realizará ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.

Análisis político

Se observa una estrategia de defensa por parte de la senadora Peralta, quien alega un trasfondo político en la investigación y se presenta como víctima de una campaña de desprestigio por su apoyo a las reformas gubernamentales. Esta narrativa busca desviar la atención de las acusaciones y movilizar a sus bases políticas. Por otro lado, la Corte Suprema y la Fiscalía avanzan en la recopilación de pruebas, incluyendo testimonios y chats, para establecer la presunta participación de la congresista en el direccionamiento de contratos y el uso de recursos públicos con fines políticos. La senadora Martha Peralta, al ser citada a indagatoria, se posiciona como una figura central en el escándalo de la UNGRD, lo que podría generar un desgaste político para ella y su partido, especialmente si las acusaciones se confirman. Quienes ganan con este evento son los sectores que buscan debilitar al gobierno y sus reformas, al vincular a una congresista afín a estas iniciativas con actos de corrupción. La narrativa de "persecución política" construida por la defensa busca generar solidaridad y resistencia, mientras que la evidencia presentada por la justicia busca demostrar la comisión de delitos.