Un juzgado ordenó la suspensión inmediata de la instalación y actividades de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) destinada a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) en Valle del Guamuez, Putumayo. La decisión judicial se basó en una acción de tutela interpuesta por el resguardo indígena Telar Luz del Amanecer, que alegó la vulneración de sus derechos fundamentales a la consulta previa, la defensa y el debido proceso. El juzgado determinó que las entidades demandadas, incluyendo el Ministerio del Interior y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, no respondieron a los requerimientos judiciales, lo que llevó a dar por ciertos los hechos expuestos por la comunidad indígena. La orden judicial frena cualquier obra o adecuación relacionada con la ZUT hasta que se complete el proceso de consulta previa, libre e informada con el resguardo indígena. Esta medida se produce en un momento en que el gobierno había anunciado el traslado de 99 integrantes del CNEB a dicha zona, como parte de la política de paz. Fuentes del proceso de paz han indicado que la orden es de "imposible cumplimiento" y será impugnada, argumentando que los hombres ya se encuentran en pre-concentración y que retroceder en el proceso sería ilógico. La ZUT, ubicada a distancia de la población civil, estaba diseñada para que los hombres de la CNEB transitaran a la vida civil sin armas ni uniformes, con presencia del Estado. El gobierno había suspendido operaciones militares ofensivas contra el grupo para facilitar su traslado. La controversia surge por la supuesta omisión de la consulta previa, un requisito legal para intervenciones estatales en territorios ancestrales indígenas.

Análisis político

Se observa una estrategia gubernamental de avance en los diálogos de paz y reincorporación, buscando facilitar el tránsito a la vida civil de estructuras armadas mediante la creación de Zonas de Ubicación Temporal. Paralelamente, se evidencia una estrategia judicial por parte de comunidades indígenas para exigir el cumplimiento de sus derechos constitucionales, específicamente la consulta previa, utilizando la acción de tutela como mecanismo de defensa. El gobierno, por su parte, busca legitimar sus acciones y avanzar en los acuerdos, incluso ante decisiones judiciales adversas, argumentando la imposibilidad de cumplimiento y la necesidad de mantener el impulso del proceso de paz. El gobierno y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz parecen ganar en la narrativa de avance en la política de paz total, al presentar el traslado como un hecho consumado y la orden judicial como un obstáculo técnico. Las comunidades indígenas y el sistema judicial ganan en la visibilización de la importancia de la consulta previa y el debido proceso, forzando al Estado a cumplir con sus obligaciones. La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, aunque no es un actor directo en la disputa judicial, se beneficia de la suspensión de operaciones militares y del avance en el proceso de ubicación, pero sufre un retraso en la consolidación de su tránsito a la vida civil.